El PP no afloja en su cruzada contra los presos políticos. Una prueba es la petición formulada por la formación de Pablo Casado al Congreso de los Diputados en la que exige al Gobierno de Pedro Sánchez que adopte medidas para "impedir" el pase a tercer grado de los líderes independentistas condenados por delito de sedición.
Los populares han registrado una proposición no de ley en el Congreso en la qual también reclaman recuperar el delito de rebelión impropia, el cumplimiento íntegro de las penas en los casos de sedición, rebelión y terrorismo, retirar fondos a partidos con líderes condenados por esos delitos, restablecer el delito por convocatoria de referéndum ilegal, paralizar el acercamiento de presos de ETA al País Vasco e impedir los homenajes a etarras, entre otras cuestiones.
"Beneficios injustificables"
La iniciativa, firmada por la portavoz del grupo Cayetana Álvarez de Toledo, tiene lugar días después que las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas se mostraran favorables a otorgar a los presos políticos el tercer grado. El PP asegura en su escrito "compartir la gran preocupación" generada en la sociedad española por una serie de decisiones que están suponiendo "beneficios injustificables" para los presos "condenados por la sedición orquestada desde las instituciones autonómicas catalanas". Así entienden que se está incurriendo en un claro "fraude de ley".
Álvarez de Toledo denuncia en el texto que se están dejando de facto "en papel mojado" las penas impuestas por el Tribunal Supremo a los presos políticos, que a su entender no han mostrado "signo alguno de arrepentimiento por los delitos cometidos y, más aún, afirman públicamente su voluntad de reiterarlos". A su juicio, se constata que esos presos no están reinsertados ni muestran voluntad alguna de hacerlo.
Cumplimiento penas
Así, la formación de Iglesias insta al Ejecutivo a adoptar determinadas acciones para "garantizar una correcta aplicación de las penas impuestas a los condenados por delitos de terrorismo, sedición y contra la Constitución". En concreto, exige garantizar el cumplimiento real y efectivo de las condenas impuestas a los penados por sedición y las reformas necesarias para garantizar que "la correcta aplicación" por las autoridades catalanas de las normas penitenciaras cuya competencia tienen transferida.
Retirada de fondos públicos
La propuesta va más allá. El PP propone modificar la Ley de financiación de los partidos políticos para que los que tengan dirigentes condenados por rebelión, sedición, colaboración con banda terrorista o apología del terrorismo no puedan recibir fondos públicos.