Desde València, el Partido Popular Europeo también hace oposición a Pedro Sánchez. El congreso del PPE ha aprobado una resolución impulsada por Génova para explicitar el compromiso de los populares de que la Unión Europea “siga defendiendo el Estado de derecho”. Entre los puntos de la iniciativa, que ha sido aprobada prácticamente con unanimidad (solo con un voto en contra), destacan las críticas dirigidas a la Moncloa y a la alianza del PSOE con el independentismo. Es una posición que no es nueva, pero que ha cristalizado en una votación en el máximo órgano de los populares europeos. “Lamentamos la ley de amnistía, elaborada por sus beneficiarios, que compromete la transparencia e imparcialidad del proceso legislativo”, reza el documento que ha recibido luz verde. El PPE apuesta por mecanismos para “garantizar la rendición de cuentas y prevenir la impunidad” y por defender la libertad de prensa como “pilar fundamental de la democracia”.
“No hay Unión Europea ni ninguna otra democracia sin el Estado de derecho, no existe Estado de Derecho sin separación de poderes y no existe separación de poderes sin independencia judicial”, subraya el texto, que hace un llamamiento a “luchar contra los intentos de debilitar los controles y equilibrios” y a “proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos”. Asimismo, el PPE lanza una advertencia futura: “En respuesta a cualquier retroceso democrático, promoveremos medidas legislativas y diplomáticas que refuercen el Estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales”. Asimismo, los populares europeos desaprueban los “intentos de instrumentalizar políticamente o interferir en el poder judicial y la Fiscalía” y mencionan, “especialmente” España y Eslovenia.
La encargada de defender la resolución ha sido Cuca Gamarra. La secretaria general del PP ha sostenido que una “democracia fallida” en España “supondría un fracaso de todo el proyecto europeo” y ha advertido que el “debilitamiento del Estado de derecho desde dentro” es el “camino que utilizan hoy los autoritarios para acabar con la democracia”. El objetivo de Génova, en un texto en el que también han participado Dolors Montserrat y Esteban González Pons, es enviar el mensaje de que el PPE “no es ni va a ser indiferente a los ataques al Estado de derecho”. “Vamos a actuar con todos los instrumentos que la democracia nos da para defender nuestras democracias. Vamos a defendernos frente a los ataques dentro de la Unión Europea, pero también fuera de la Unión Europea”, ha insistido Cuca Gamarra. Y, mirando a España, ha vuelto a cargar contra los “reiterados ataques” al Estado de derecho: “Hoy toda Europa conoce los abusos de poder que se promueven desde el Gobierno de Sánchez. Los ataques y presiones al poder judicial, los ataques a la integridad y a la autonomía del poder legislativo, una ley de amnistía a la carta para conseguir el poder, los ataques a la libertad de prensa y la instrumentalización partidista de la Fiscalía General del Estado”, ha concluido.
Críticas a la ley impulsada por el PSOE contra el lawfare
La resolución aprobada en el congreso del PPE también arremete contra la ley impulsada por el PSOE para hacer frente al lawfare. Es la norma que el PP ha bautizado como Ley Begoña y que los socialistas mantienen congelada en el Congreso a la espera de celebrar un primer debate y una votación en la que podría descarrilar por la negativa de Junts. “Denunciamos el uso de reformas legislativas ad hominem y abogamos por marcos jurídicos que protejan a los jueces de la presión política”, esgrimen. Y, sobre la norma promovida por el PSOE, advierten que “podría restringir el acceso plural a la justicia y la independencia judicial”.
Asimismo, el PPE insta a los Estados miembros de la UE a “evitar el abuso de los procedimientos legislativos acelerados”, como los decretos, y denuncia explícitamente las “reformas urgentes” en España que “modifican las funciones institucionales sin debate”. Finalmente, la iniciativa condena “cualquier intento gubernamental de censura o manipulación de los medios de comunicación”, citando a España, Eslovenia y Malta, y apoya “reformas de marcos jurídicos como la orden de detención europea para mejorar la cooperación judicial”.