La decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez y justificarlo, entre otros motivos, con la posibilidad de que sus escoltas policiales pudieran ayudarla a huir, ha abierto una nueva tormenta política. Mientras el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia si abre un expediente disciplinario al magistrado y tanto la defensa de la mujer del presidente Pedro Sánchez como el Ministerio del Interior ha presentado una queja formal, el Partido Popular ha optado por una posición intermedia: evitar cualquier crítica directa al juez, pero defender de manera contundente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este domingo desde Logroño que su partido mantiene un "absoluto respeto y apoyo a los jueces y al Poder Judicial", pero también un "absoluto apoyo y confianza en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado". Gamarra ha intentado separar los dos debates que se han abierto a raíz del auto de Peinado. Por un lado, ha recordado que el CGPJ está analizando las afirmaciones del magistrado y ha defendido que sea este organismo quien decida si hay motivos para actuar. "Hay un camino que está abierto y que nosotros respetamos absolutamente", ha afirmado en referencia a la intervención del máximo órgano de gobierno de los jueces. Pero, por otro lado, ha querido enviar un mensaje claro de apoyo a los agentes policiales después de las palabras del magistrado. "Queremos trasladar de manera contundente nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", ha remarcado.
"Es lógico" que la policía esté molesta
La dirigente popular considera comprensible el malestar expresado por diversas asociaciones policiales después de que Peinado apuntara que los escoltas de Begoña Gómez podrían llegar a facilitar una eventual huida. "Es lógico" que estén enfadados, ha afirmado Gamarra, porque representan "a los hombres y mujeres que trabajan diariamente en la protección de los españoles" y que, según ha destacado, demuestran cada día su "profesionalidad" e "imparcialidad".
La polémica es especialmente sensible porque el juez no solo aludió a los agentes encargados directamente de la protección de la esposa del presidente del Gobierno, sino que también planteó la posibilidad de que actuaran siguiendo instrucciones de sus superiores jerárquicos. Este es precisamente el argumento que ha llevado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a presentar una queja formal ante el CGPJ, al considerar que se trata de un "grave cuestionamiento" de las fuerzas de seguridad.
El PP aprovecha para cargar contra el Gobierno
A pesar de evitar una confrontación directa con el juez, Gamarra ha aprovechado la polémica para dirigir las críticas hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según la dirigente popular, los cuerpos policiales están demostrando su compromiso con el Estado de derecho y han sido "claves" para ejercer su labor "desde la independencia y la neutralidad", incluso, según ha dicho, resistiendo los ataques provenientes del propio Gobierno. "También están sometidos a presiones que son investigadas por los tribunales, presiones que provienen del propio Gobierno y del entorno directo del presidente del Gobierno", ha asegurado. Esta línea argumental conecta con la estrategia política que el PP mantiene desde hace meses, basada en denunciar una supuesta instrumentalización de las instituciones por parte del Ejecutivo y en reivindicar la independencia de los jueces, fiscales y fuerzas policiales.
La batalla política continúa
Más allá de la polémica sobre los escoltas, Gamarra también ha puesto el acento en las consecuencias políticas de la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez. La dirigente popular ha recordado que el juez atribuye cuatro presuntos delitos a la esposa del presidente y ha insistido en que, independientemente del desenlace judicial, existe una responsabilidad política que afecta directamente a Pedro Sánchez. "Veremos si este procedimiento acaba o no en condena, eso corresponde al ámbito penal", ha afirmado. Pero ha añadido que "lo que queda claro es que hay una responsabilidad política" porque, según el PP, "la Moncloa se ha convertido en un centro de tráfico de influencias, presuntamente".
"Sánchez tiene la obligación de someterse a una cuestión de confianza"
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular también ha considerado que Pedro Sánchez "tiene la obligación de someterse a una cuestión de confianza" si esta semana pierde la votación sobre esta cuestión en el Congreso. Según Gamarra, "esta semana el señor Sánchez comparecerá en el Congreso de los Diputados, un Congreso que ya tendría que estar disuelto vista la incapacidad, la parálisis y la corrupción que lo rodea". La dirigente popular ha añadido que "además, esta semana habrá otra votación importante". "Acabamos una semana en que el sanchismo, en este caso de la mano de la presidenta del Congreso, ha impedido que votáramos una iniciativa para pedir elecciones. Una iniciativa para ver cuántos diputados reclaman elecciones y consideran agotada esta legislatura. Armengol lo ha impedido", ha resumido. Una decisión que Gamarra ha aprovechado para calificar de "curiosa", puesto que, según ha recordado, "es la misma iniciativa que en 1995 otro presidente del Congreso de los Diputados, Félix Pons, sí que permitió que se votara, mientras que esta vez se ha impedido".