La batalla judicial en torno a Begoña Gómez ha abierto un nuevo frente. La defensa de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez Juan Carlos Peinado por una presunta vulneración del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva. El escrito, registrado el sábado por la noche por el abogado Antonio Camacho, sostiene que la defensa tuvo conocimiento de la apertura del juicio oral y de las medidas cautelares impuestas a Gómez —retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias periódicas en el juzgado— "a través de los medios de comunicación", sin haber recibido ninguna notificación oficial por las vías procesales establecidas, según avanza elDiario.es.
A tres meses de jubilarse, la resolución del juez instructor ha levantado una tormenta política y judicial por imponer unas medidas cautelares inusuales y sorprendentes, argumentadas al considerar que existe un riesgo de fuga y sugiriendo que podrían contar con la colaboración de los policías encargados de hacer de escoltas a la esposa del presidente del Gobierno. La queja llega en un momento especialmente delicado para el juez Peinado. Paralelamente, el CGPJ también estudia las quejas presentadas por el Ministerio del Interior a raíz de las afirmaciones del magistrado sobre una posible colaboración de los escoltas policiales de Gómez en una hipotética fuga, una polémica que ha situado al magistrado en el centro de una tormenta institucional sin precedentes recientes. A instancias de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, la Comisión Permanente del consejo se ha reunido este domingo telemáticamente para valorar la posible apertura de un expediente sancionador a Peinado, pero finalmente se ha decidido aplazar la reunión a este lunes, que se hará de manera presencial.
Una resolución conocida antes por la prensa
La queja de la defensa de Begoña Gómez se centra en la manera en que se comunicó el auto dictado por Peinado. Según denuncia el abogado que lidera la defensa de la mujer de Sánchez, Antonio Camacho —exministro socialista del Interior en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011—, los medios de comunicación tuvieron acceso al contenido de la resolución poco después de que fuera firmada electrónicamente por el magistrado, mientras que el equipo jurídico de Gómez no había sido informado formalmente. "Lo que es verdaderamente alarmante y objeto de la presente queja", señala el escrito, "radica en el hecho de que estas resoluciones, dictadas presuntamente este sábado, día 20 de junio de 2026, no han sido notificadas a esta parte en ningún momento, de manera que el compareciente —en su condición de defensa técnica— ha tenido que enterarse de su existencia y contenido a través de la prensa". Según Camacho, hasta el momento de presentar la queja no había recibido ninguna comunicación oficial por parte del juzgado. Según el rotativo, alrededor de las 13 horas, los medios de comunicación tuvieron acceso al auto que Peinado firmó electrónicamente a las 11:59.
El abogado considera que esta situación constituye una "grave irregularidad en el funcionamiento del órgano judicial" y que es "contraria a los principios y garantías que informan el proceso penal en un estado de derecho". La defensa argumenta que el artículo 24 de la Constitución protege el derecho de los investigados a ser informados de todas aquellas actuaciones que les afectan directamente. En este sentido, recuerda que tanto la apertura de juicio oral como la adopción de medidas cautelares son decisiones de gran trascendencia jurídica que exigen una notificación formal, inmediata y efectiva. El escrito recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a comunicar todas las resoluciones judiciales a las partes personadas en el procedimiento y subraya que esta obligación no desaparece por el hecho de que la resolución se haya dictado en fin de semana. "Dicha obligación no queda condicionada al día de la semana en que se dicte la resolución", sostiene la defensa, que considera que la comunicación se debería haber producido "tan pronto como fue dictada o en el primer momento hábil posterior".
La polémica de las medidas cautelares
La defensa pone un énfasis especial en las medidas cautelares adoptadas por el juez Peinado. Según Camacho, resulta especialmente grave que restricciones que afectan a derechos fundamentales se hayan acordado sin una comunicación simultánea a los abogados de la afectada. El escrito alerta de que esta situación impide ejercer de manera inmediata los recursos y mecanismos de defensa previstos por la ley, lo que podría provocar, según su argumentación, un "perjuicio irreparable de orden material y procesal". Por este motivo, considera que el hecho de que la existencia de las resoluciones se haya conocido antes por la prensa que por la defensa "constituye una situación de extraordinaria gravedad que compromete seriamente la imagen de la Administración de Justicia y el principio de igualdad de armas entre las partes".
¿Qué pide ahora al CGPJ?
La defensa de Begoña Gómez reclama al CGPJ que encargue a la Inspección de Tribunales una investigación sobre las circunstancias en que se dictaron y comunicaron las resoluciones. Concretamente, pide que se aclare por qué no se notificó la apertura del juicio oral y las medidas cautelares a la defensa antes de que trascendieran a los medios de comunicación. Además, solicita que, si la inspección concluye que hubo un funcionamiento anómalo o irregular del juzgado, se adopten las medidas oportunas y se estudien eventuales responsabilidades disciplinarias.