La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha avanzado este lunes que su partido enmendará la ley de multirreincidencia, una iniciativa de Junts, en el Senado para evitar que la regularización masiva de migrantes que ha aprobado el gobierno español sea un "colador", y que no haya "impunidad" para el delito y no se "premie" al delincuente. En una rueda de prensa después del Comité de Dirección del partido, Gamarra ha opinado que la política migratoria del gobierno español "es un riesgo para la seguridad" y ha remarcado que hay que reforzar la futura ley y la actual de extranjería con un refuerzo de los controles de antecedentes de los migrantes que soliciten la regularización, acordada entre el ejecutivo de Pedro Sánchez y Podem. Los populares quieren acabar así con las "declaraciones responsables" sobre antecedentes penales y que estos se tengan que acreditar por vía oficial. También ha pedido dejar fuera de la "regularización masiva", que puede superar los 1,2 millones de personas, según la policía española, a quien tenga un procedimiento penal abierto.
Rechazo frontal a la declaración responsable
Según la dirigente del PP, "las mafias y los delincuentes con este gobierno están de enhorabuena" y "se harán de oro a costa del tráfico de seres humanos". "No se exige un contrato de trabajo, ni de formación. Nada. Es un proceso de regularización automático", ha aseverado. Por todo ello, ha avanzado que el PP incorporará enmiendas a la ley de multirreincidencia, que tanto Junts, como el PSOE, PP y Vox avalaron en su primer trámite en el Congreso de los Diputados, en el Senado —donde el PP tiene mayoría absoluta— para que no se admita la declaración responsable "en ningún supuesto". "Tenemos que diseñar otro tipo de política migratoria. ¿Cuál? Pues evidentemente aceptando que no caben declaraciones responsables de quienes hayan cometido delitos", ha subrayado la vicesecretaria popular. A su parecer, se deben tener en cuenta tanto los antecedentes, que deben ser comprobados, como los procedimientos penales abiertos que tengan los solicitantes de la regularización. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha recalcado que el compromiso de su partido es que España sea un "país seguro" y que "el que venga aquí a delinquir no pueda encontrar impunidad y "no se pueda convertir el delito en oficio".
La regularización colapsará los servicios públicos
"Lo que no puede estar haciendo el gobierno es decir que vota por la mañana a favor de detener la multirreincidencia y por la tarde aprobar una regularización masiva y sin condiciones para todos aquellos que hoy tienen antecedentes policiales o tienen procedimientos en curso", ha reprochado Gamarra. La líder popular ha señalado que todas las comunidades del PP han presentado alegaciones ante una regularización que "colapsará aún más" sus servicios públicos como la sanidad, educación o vivienda. "La inmigración es competencia exclusiva del Estado, pero las consecuencias de la regularización recaen directamente sobre las comunidades autónomas y los ayuntamientos", ha manifestado. Asimismo, ha señalado que esta semana el PP llevará al Congreso una batería de iniciativas parlamentarias que buscan la ejecución efectiva de expulsiones y el rechazo del real decreto de regularización.
El núcleo de la ley contra la multirreincidencia avalada por el PP en el Congreso afectaba los delitos de hurto, a través de una modificación del Código Penal, estableciendo que si una persona ha sido condenada al menos tres veces por delitos de la misma naturaleza, el hurto de menos de 400 euros podrá comportar una pena de prisión de uno a tres años y dejará de sancionarse solo con multa. Con esta base, los populares quieren añadir enmiendas que sirvan para complicar la regularización de migrantes reclamada a través de una ILP que recogió decenas de miles de firmas, así como el apoyo de ONG y entidades eclesiales.