El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha sacado pecho de la aprobación en el Congreso de los Diputados de su ley que endurece las penas contra los multireincidentes. "El PSOE había bloqueado esta ley a pesar de haberla pactado con nosotros hacía mucho tiempo; solo la ha desbloqueado y aprobado una vez hemos roto el pacto con ellos", ha reivindicado el presidente en el exilio, recordando que ya hace más de dos años que acordaron esta ley en el marco de la mesa de negociación entre los dos partidos en Suiza. El líder de Junts ha querido reivindicar la ruptura de las negociaciones bilaterales con el PSOE del pasado 27 de octubre. "Queda claro cuál es la manera que entiendan las cosas. Y no es, precisamente, allanarse como hacen sus socios, que priorizan "parar a la derecha" mientras que en realidad lo que se acaba parando son los trenes de Catalunya", ha dicho Puigdemont, cargando contra Sumar, Esquerra Republicana o Podemos.
Precisamente, la ley de Junts per Catalunya aprobada junto con el Partido Popular, el PSOE, Vox y el PNB, con la abstención de ERC, ha contado con el aval de la gran mayoría de alcaldes de Catalunya. De hecho, diversos alcaldes catalanes se han desplazado hasta el Congreso de los Diputados para asistir este jueves a la votación sobre la multirreincidencia. Entre ellos, había varios de Junts: Marc Buch (Calella), Òscar Fernández (Cabrera de Mar), Arnau Rovira (Manlleu), Dani Mauriz (Sant Vicenç de Castellet), Xavier Fonollosa (Martorell) y Marc Castells (Igualada). Pere Segura (Vila-seca) y la vicealcaldesa de Girona, Gemma Geis, no han podido asistir por culpa del caos ferroviario.
También se habían desplazado hasta Madrid representantes municipales del PSC, pero han vuelto a Cataluya a causa del temporal: Alba Barnusell (Granollers), Mireia Dionisio (Mollet del Vallès), Marta Farrés (Sabadell), Mireia González (Santa Coloma de Gramenet), Ana María Martínez (Rubí), Jesús Naharro (Abrera), David Quirós (L’Hospitalet de Llobregat), Eduard Sanz (Esplugues de Llobregat i Ramón Ignacio Zaballa (Vilafranca del Penedès). El alcalde catalán socialista que sí ha permanecido en la capital española para seguir el Pleno ha sido David Bote (Mataró), que ha podido gestionar el temporal a distancia, de forma telemática.
El PSOE había bloqueado esta ley a pesar de haberla pactado con nosotros hacía mucho tiempo; solo la ha desbloqueado y aprobado una vez hemos roto el pacto con ellos. Queda clara cuál es la manera que entiendan las cosas.
— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) February 12, 2026
Y no es, precisamente, allanarse como hacen los suyos… https://t.co/SH3QGCe9Zj
¿Qué implica esta ley?
La nueva ley de multirreincidencia, impulsada por Junts y aprobada este jueves en el Congreso con el apoyo del PSOE, el PP y el PNV, introduce cambios relevantes en el Código Penal en lo que respecta a los delitos de hurto y estafa. En el caso de los hurtos de menos de 400 euros, la sanción prevista es una multa de entre uno y tres meses. Sin embargo, si el autor ha sido condenado de manera firme por tres delitos menos graves con anterioridad, la pena puede aumentar hasta una prisión de entre uno y tres años. El objetivo es endurecer el castigo en casos de multirreincidencia. La reforma también modifica el artículo 235 del Código Penal para establecer penas de uno a tres años de prisión cuando se trate del hurto de teléfonos móviles u ordenadores. El texto justifica este agravante por el valor no solo económico, sino también personal de estos dispositivos, ya que pueden contener información sensible. Esta circunstancia agravante, sin embargo, no se aplicará si el dispositivo sustraído es nuevo y se encuentra en una tienda.
En cuanto a las estafas, la norma también prevé tener en cuenta la multirreincidencia a la hora de fijar la pena. Para determinarla, se valorarán aspectos como el importe defraudado, el perjuicio económico causado a la víctima, la relación entre víctima y autor, así como cualquier otra circunstancia que permita medir la gravedad de los hechos. La ley incorpora igualmente medidas cautelares que pueden aplicarse al presunto delincuente, como la prohibición de acceder a determinados lugares —barrios, municipios, provincias o comunidades autónomas— o de aproximarse y comunicarse con determinadas personas, según el grado que se considere necesario. Además, la reforma reconoce a las entidades locales la legitimación para ejercer la acción penal en casos de hurto, con la finalidad de reforzar el papel de los ayuntamientos ante los problemas de multirreincidencia.
Finalmente, se introduce una pena de prisión de entre uno y cinco años por el llamado petaqueo, en el marco de la lucha contra las narcolanchas. Se castigará la adquisición, la tenencia, el depósito, el almacenamiento, el transporte o el suministro de combustibles líquidos con temeridad manifiesta y contraviniendo la normativa vigente.