"¡Esto de TV3 y Catalunya Ràdio es una vergüenza!", exclamaba el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, siete días después del 21-D, a propósito de su supuesto papel en la creación del imaginario del procés. El Gobierno buscaba culpables de los dos millones de votos independentistas, tras destituir a todo un Govern. Pero la negociación de la investidura se alargaría, y la vigencia del 155 se erigiría como una herramienta de españolización, además de marcar perfil en la batalla entre el Partido Popular y Ciudadanos.

La ministra de Defensa María Dolores de Cospedal lanzó el primer aviso: si la intervención de la Generalitat se mantiene, se podría ampliar a la televisión pública. Mariano Rajoy recogió el guante y lamentó no haber "conseguido" el objetivo en el marco de la negociación con el PSOE en el Senado. Una parte del electorado de la derecha lo habría deseado, avivando así la consideración de que la formación naranja sería el actor más beligerante contra el independentismo –a pesar de que en Cs tachan a TV3 de "teleproceso" y Xavier García-Albiol pedía una cadena con "gente normal".

La cuestión es que el Ejecutivo vio en ampliación del uso del castellano en la escuela una oportunidad para tomar la delantera en un tema sensible en Catalunya. "Sin duda, lo haremos", se mostraba tajante el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. Según la justicia, supondría al menos un 25% de las asignaturas en castellano –corrigiendo la ley del Parlament, que establece el catalán como vehicular. De Vigo no concretó cómo lo haría –si a través de una casilla en la hoja de preinscripción escolar–, pero insistía en que el anuncio no era un globo sonda para apremiar a formar Govern.

Si bien, el gesto del ejecutivo de Rajoy pisó el terreno de Albert Rivera, quien salió a recordar que fue Ciutadans pionero en denunciar la inmersión lingüística. Es más, el trilingüismo escolar fue una de las medidas que Cs puso encima de la mesa de las negociaciones para la investidura del presidente. Ahora bien, aplicarlo para el curso 2018-19 –como quiere Cs– con el 155 no es posible, pues corresponde al Parlament cambiar la ley educativa –y De Vigo dijo que la legislación autonómica se respetaría, pero de acuerdo con la "libertad de los padres".

Así las cosas, el gesto de la Moncloa llegaba en mitad de una cuita donde Cs registró una ley para que el conocimiento de las lenguas cooficiales –catalán, euskera y gallego– no fuera un requisito para el acceso a la función pública a las comunidades. PSOE y PP le hicieron una nueva pinza: la portavoz socialista Margarita Robles les acusó de buscar "réditos electorales" y el popular Rafael Hernando también se abalanzó encima: dijo que el modelo "funcionaba bien" y puso el ejemplo de un médico que aprendía el idioma cooficial para ejercer su tarea.

Pero con los estándares de independencia acreditados en TV3, la comunidad educativa en contra de acabar con la inmersión lingüística –además del mismo PSOE, aunque sí dé apoyo al 155; y Podemos–, es la recepción a Sociedad Civil Catalana (SCC) en la Moncloa por parte de Rajoy y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría el hilo que uniría la batalla entre el PP y Cs. SCC es una entidad que, lejos de ser mayoritaria en Catalunya, es la antítesis de Òmnium y la ANC y pretende cohesionar una sociedad civil opuesta al proyecto independentista.