La mayoría de las portadas tratan varios episodios del alboroto en la justicia española, encabronada con la ley de amnistía y, antes, por los acuerdos entre el PSOE y Junts donde se menciona el concepto lawfare, el uso político de la justicia como un arma contra los adversarios. Por una parte, el juez Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional —promovido y patrocinado por el PP de hace dos décadas—, ha trasladado al Tribunal Supremo la investigación por terrorismo de la causa de Tsunami Democràtic, que incluye el president exiliado, Carles Puigdemont, y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, residente en Suiza. Además, el Supremo ha anulado el nombramiento como fiscal de sala de Dolores Delgado, exministra de Justicia y exfiscal general del Estado con Pedro Sánchez. Las portadas no tratan juntos estos dos casos, cuya sustancia es muy diferente. Al mismo tiempo, 18 fiscales del Supremo han criticado al fiscal general, Álvaro García Ortiz —nombrado por el anterior gobierno de Pedro Sánchez—, por no levantar la voz contra las acusaciones de lawfare.
Los diarios presentan todos estos asuntos por separado y dan la impresión de que son casos aislados. El hecho de que compartan la misma superficie de papel sería el único vínculo que les liga. Muchos lectores pensarán, en cambio, que son manifestaciones de lo que los jueces niegan de manera vehemente: que la justicia está politizada y que se utiliza como arma contra rivales políticos o ideológicos. Hay más. No sale en ninguna portada la información que el informe final del "caso Neurona" pincha la tesis del juez instructor, Juan José Escalonilla, que desde 2020 se empeña en acusar a Podemos de pagar desproporcionadamente los servicios de una consultora electoral (Neurona). El perito dice que el partido no solo se ajustó a los precios de mercado, sino que incluso pagó un poco por debajo. Con esta causa —y una docena más derivadas que también se han desinflado— el juez ha mantenido imputado a Podemos casi todo el tiempo que ha estado en el gobierno español.
Hay que tener mala vista o mala fe para no darse cuenta de que casos diferentes se tratan igual: con afán de hacer daño a adversarios políticos. Se le ven las costuras de todo el cañamazo de la justicia española: está mediatizada por los partidos políticos, de los que depende la composición de los órganos jurisdiccionales y de gobierno de este poder que hacen y deshacen en los altos tribunales (Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores…). Los diarios, sin embargo, no quieren unir todos estos puntos con una línea. Seguramente el dibujo que aparecería no sería mucho estómago. Una muestra: García Castellón ha enviado al Supremo la investigación de Tsunami sin esperar que la misma Audiencia resuelva la impugnación de la Fiscalía, que no lo considera un caso de terrorismo ni ve bastantes indicios para imputar a Puigdemont. El juez también ha sido expedientado por sus superiores por resolver la recusación contra él presentada, entre otros, por Puigdemont. Para el juez y olé, el exiliado es al vértice de la organización del Tsunami y añade que su posición como expresidente y líder desde Bélgica del independentismo le confiere "una posición de autoridad incuestionable". Habría adelantado más si hubiera dicho que acusa a Puigdemont porque le da la gana —y porque enreda la aplicación de la amnistía al presidente.
