El PSOE encara un viacrucis político inacabable y cruel. Este martes, ABC avisa que las embajadas españolas también se suman a la resistencia a la amnistía. Las representaciones diplomáticas se quejan de que ahora tienen que “defender lo contrario que el 1-O”, según el tabloide monárquico, siempre bien dispuesto a exagerar. Encima, el juez Manuel García-Castellón mantiene su cruzada particular con malabarismos jurídicos, como preguntar a la OTAN sobre las “incidencias” que habría ocasionado en el espacio aéreo la manifestación masiva en el aeropuerto del Prat contra la sentencia del Procés, en septiembre de 2019. El juez también ha pedido a Francia que le informen sobre la esposa del ciudadano francés muerto horas después de estar en el aeropuerto, coincidiendo con la protesta. El juez quiere aclarar “en qué medida los acontecimientos pudieron afectar al fatal desenlace”. La idea se la ha dado El Mundo, que el domingo publicó una entrevista con la hija del muerto. El hombre sufría una cardiopatía y fue trasladado al Hospital de Bellvitge, donde certificaron su defunción por causas naturales.
De poco servirán al gobierno español pequeñas victorias como hacer las paces con la Junta de Andalucía por el asunto de los regadíos de Doñana, que se ha resuelto —qué sorpresa— con dinero, como es tradicional: a cambio de 350 millones de euros de dinero público, el gobierno andaluz renuncia a la ley que autorizaba a regar surtiéndose de los acuíferos del parque natural. Hasta 100.000 euros por hectárea recibirán los propietarios agrícolas que se habrían beneficiado de una regulación que la Unión Europea había vetado bajo la amenaza de multas millonarias. En fin, que cobrarán por dejar la tierra inculta. Es un gran negocio que es portada en casi todos los diarios, aunque ninguno lo explica como lo que es —un chantaje patrocinado por la Junta— mientras publican la fotografía bucólica y pastoral de la ministra Teresa Ribera con el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno.
La siguiente estación será el 13 de diciembre próximo en el Parlamento Europeo, que celebra un pleno donde el PP quiere freír a los socialistas a propósito de la ley de amnistía. El Mundo hace circular en portada que están en juego los fondos europeos en represalia por “el ataque al estado de derecho” que supone la medida de gracia. En Bruselas solo la representación de la derecha española utiliza esos conceptos fuera de medida, con el afán de equiparar al gobierno español con los de Polonia y Hungría, a los que la Unión Europea ha congelado los fondos de recuperación hasta que no desistan de aplicar las leyes que someten el poder judicial al poder ejecutivo. Dirás: ¡confunden el culo con las témporas! Quizá, pero esta es la estrategia que también juegan los diarios del Trío de la Bencina, la infantería mediática de la derecha española a la hora de fabricar el relato.
Estos tres y, sorpresa (o no), El Periódico, también van sincronizados a la hora de explicar los relevos impuestos por Feijóo en el estado mayor del PP: los nuevos dirigentes son gente dura, pero de talante negociador, con la misión de “controlar a Vox” y preparar las elecciones europeas de junio de 2024 “para que sean un plebiscito sobre la amnistía”. El Periódico también se añade a la gota malaya con los resultados de la segunda parte de la encuesta del Gesop: dos de cada tres españoles rechazan la amnistía y más de la mitad de los catalanes están a favor. Con la muerte de Podemos como sujeto político a efectos prácticos, la ofensiva contra la amnistía —contra el independentismo, vaya— es el único gran tema político para lo que queda de 2023 y de todo 2024. Ánimos a todos.
