Es un no parar. Una pasión. Una obsesión. Ni El Mundo ni La Razón se dejan impresionar por el incendio de València y abren portada con el caso Koldo, que implica a Koldo García, un exasesor del exministro José Luis Ábalos Meco, en el presunto cobro de sobornos a cambio de contratos para suministrar mascarillas en plena pandemia. El fuego ha quemado en media hora un edificio de 14 plantas y 138 viviendas, construido en 2008, donde vivían unos 450 vecinos, según la administradora de fincas del bloque. Hacia las dos de la madrugada ya se contaban cuatro muertos, según los servicios de emergencia, y 19 desaparecidos. El Periódico también se apunta a abrir con este asunto, afianzando un día más su giro editorial, más próximo al trío de la bencina. Antes que nada, la cruzada contra el gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados comunistas, terroristas y separatistas. No tienen corazón. Cabe decir que todos los diarios —estos tres también— llevan en portada la foto del edificio en llamas, incluido ABC, que este viernes se desmarca de sus correligionarios y abre con el incendio.
El incendio de València ha dejado en un segundo plano otras noticias del día. Una es la condena a Dani Alves a cuatro años y medio de prisión por violación, que todos los diarios destacan todo lo que pueden, que es poco. Dos noticias más son parte del estercolero de la vida pública española. Una es la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que obliga al Estado español a hacer fijos a centenares de miles de interinos de larga duración y da un toque a España por abusar de la temporalidad en el empleo público. Abre la portada del Ara y lo llevan, en pequeño, las de El País y El Mundo. Otra es que la Audiencia Nacional investigará la guerra sucia contra Podemos durante la presidencia de Mariano Rajoy. Los imputados son casi los mismos protagonistas de la operación Catalunya. Tiene gracia que el juez, Santiago Pedraz, no haya admitido la querella contra el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su director general de policía, Ignacio Cosidó. Pedraz alega que de ambos solo se “relata la suposición que, por sus cargos, tenían que conocer y autorizar los hechos. Esta imputación es insuficiente para admitir una querella contra ellos”. Tiene gracia porque, con suposiciones así, su colega en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, acusa de terroristas a Carles Puigdemont, a Marta Rovira y a otros, en el caso Tsunami Democràtic.
Justamente las novedades de este caso quedan también escondidas por el incendio de València, naturalmente: la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que archive la investigación contra Carles Puigdemont por el caso Tsunami porque no hay indicios que permitan acusar al presidente exiliado. La teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez Conde, desmonta una por una las acusaciones de García-Castellón, que sitúa a Puigdemont al frente de una organización terrorista de la cual conocía todos los movimientos. Según la segunda de la Fiscalía General, el juez se basa en “conjeturas” y “presunciones” sin fuerza para imputar a Puigdemont ni a nadie. Muchos pasajes del escrito fiscal parecen el final de una película de tribunales, cuando el defensor bueno desarma al fiscal malvado y convence al jurado apenas con sentido común para volver del revés los mismos argumentos incriminatorios. En uno de estos momentazos —hay unos cuantos—, tumba la sospecha del juez al considerar que el mensaje en que se habla de informar a Puigdemont no demuestra que conociera las acciones de Tsunami, sino todo lo contrario: las desconocía porque, “si hubiera participado en su constitución, no habría necesidad de hacerle llegar información”. Y así todo. El caso Tsunami no es ninguna película de Hollywood, sin embargo. Su resolución se hará molto longa y razones como las de la teniente fiscal del Supremo no acabarán en muchas portadas.
