Las portadas del Trío de la Bencina anuncian con aires de victoria la decisión de la junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo de rechazar la ponencia del fiscal Álvaro Redondo. La junta aprecia, por 12 votos a 3, que existen indicios de terrorismo en el caso Tsunami Democràtic, y, por 11 votos a 4, que existen indicios para imputar al president exiliado Carles Puigdemont. El Mundo, ABC y La Razón, presentan la votación como si diera la razón al relato que llevan meses fabricando: el independentismo es terrorismo, el procés fue un golpe de Estado, el gobierno de Pedro Sánchez se ha conchabado con la anti-España para robar estas verdades al pueblo español y utiliza al fiscal general del Estado y al Congreso para borrarlas mediante la ley de amnistía. Esos tres diarios y sus aliados han logrado poner el foco en el debate terrorismo sí/terrorismo no, en vez de centrarlo en amnistía sí/amnistía no. Terrorismo, en la España aún traumatizada por ETA, puede ser cualquier cosa que quiera un juez o un fiscal. La amnistía es otra cosa, fuera del dominio de la arbitrariedad judicial: es una decisión política sustanciada en una ley orgánica y tocará a los ciudadanos evaluarla con sus votos.
El relato que elaboran los extremistas del nacionalismo español se basa en este cúmulo de interpretaciones y juicios de intenciones travestidos de hechos. Las terminales mediáticas retroalimentan el mecanismo que Ot Bou, en una columna reciente, denominaba "creatividad literaria" de los jueces. Este martes les tocaba ponerse creativos a los fiscales. No han decepcionado: han votado, sobre todo, en favor de la narrativa fabricada, más que de la categoría penal de unos hechos concretos. Como siempre, se establece primero el objetivo político —evitar que Puigdemont, Marta Rovira y otros se beneficien de la amnistía, y minar así a Pedro Sánchez— y después encajan a martillazos los delitos adecuados —terrorismo, traïción, etc.—. Lo hacen, además, sincronizando perfectamente los fallos judiciales y los trámites parlamentarios de la ley de amnistía con la cobertura mediática. Ya pasó lo mismo en el juicio y condena de los líderes del referéndum del 1-O.
También puede decirse que han votado contra otra narrativa, más de acuerdo con lo que todo el mundo vio. El fiscal Redondo considera que, como mucho, las movilizaciones de Tsunami de 2019 son desórdenes públicos y tampoco aprecia delito de terrorismo ni implicación de Puigdemont. De la misma opinión es Miguel Ángel Carballo, fiscal del caso en la Audiencia Nacional, que defiende remitir la causa a los juzgados de Catalunya. Redondo y Carballo, que pertenecen a la conservadora Asociación de Fiscales, se oponen al juez instructor del caso, Manuel García-Castellón, que ha pedido al Supremo que se encargue del caso porque sí aprecia indicios de terrorismo.
Ahora le toca resolver este lio a la teniente fiscal del Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, nombrada por Dolores Delgado, exministra de Justicia de Pedro Sánchez y exfiscal general. Los dos diarios que miran con mejores ojos al Gobierno —La Vanguardia y El País— intentan disimular el barullo institucional español y practican este miércoles el deporte de la redacción sincronizada: abren ambos con la marcha atrás de la Unión Europea ante las protestas de los agricultores. También El Periódico. El Punt Avui, con esos nuevos temas de portada que saca ahora, parece que vaya una semana atrasado —lo abres y no es así, pero lo parece—. Ara sí que abre con los fiscales del Supremo, pero compra —miedoso, como todos estos periódicos— el marco judicial terrorismo sí/no para explicar el momento, mientras reduce a un subtítulo el marco político amnistía sí/no, que encuadra los hechos en un asedio de jueces y fiscales al gobierno y a la mayoría parlamentaria españoles. "Otro choque con la estrategia de Sánchez de deshinchar el flanco judicial del procés", dice el subtítulo. Sí. ¿Y no será que tantos "choques" podrían llamarse ya guerra?
