Rebelión en la Fiscalía. La mayoría de los 15 fiscales que forman parte de la junta de la sección Penal de la Fiscalía del Supremo han acordado rechazar el informe del fiscal Álvaro Redondo, que sostiene que no hay indicios para encorsetar los hechos atribuidos a Tsunami Democràtic en el delito de terrorismo (12 fiscales creen que sí) y que tampoco hay acciones imputables al presidente Carles Puigdemont (11 de los 15 fiscales lo quieren investigar), según ha comunicado este martes la Fiscalía General del Estado (FGE).
Inicialmente, este resultado habría de implicar que se tiene que hacer un nuevo informe fiscal en el cual se pida la imputación de Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami. No obstante, la portavoz de la FGE ha aclarado que como los dos fiscales que presiden la junta mantienen un criterio discrepante, será su superior jerárquica, la teniente fiscal del Supremo y que es la número 2 de Fiscalía, María de los Ángeles Sánchez Conde, quien resuelva si se tiene que hacer un nuevo informe o no
El resultado de la votación es la evidencia de que buena parte de los miembros de la Fiscalía —dominada por la conservadora Asociación de Fiscals— también ha tomado partido abiertamente contra la ley de amnistía, que impulsa el gobierno de Pedro Sánchez. También es un nuevo pulso al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz, al cual 19 de los 30 fiscales del Supremo ya le exigieron que los defendiera ante las críticas de políticos independentistas catalanes, como Junts.
El Supremo decide
La decisión de la junta de fiscales no es vinculante para el Tribunal Supremo, presidido por el magistrado Manuel Marchena, que tendrá que resolver si aprueba o no la tesis del juez Manuel García-Castellón, que sostiene que hay suficientes indicios para mantener la investigación por terrorismo y contra el presidente catalán por las movilizaciones ciudadanos contra la sentencia del Procés, el otoño del 2019. El magistrado Juan Ramón Berdugo —que también formó parte del tribunal que condenó a los líderes catalanes por sedición— es quien tiene que redactar el posicionamiento del alto tribunal español. Su respuesta es clave porque si mantiene la imputación de Puigdemont, es un nuevo palo a la rueda para poder ser amnistiado.
Polémica en la Fiscalía
El posicionamiento de la Fiscalía se observa con lupa después de que este lunes el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha tenido que salir a desmentir que haya presionado al fiscal Álvaro Redondo (de la conservadora Asociación de Fiscales) para que cambiara su informe sobre la causa de Tsunami, y que mantuviera el mismo criterio que el fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, que criticó duramente al juez de la Audiencia Nacional por haber elevado la causa al Supremo sin ninguna prueba contra los aforados: el president Puigdemont y el diputado de ERC Ruben Wagensberg, que la semana pasada confirmó que se ha marchado a Suiza por miedo a ser detenido; además de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otras nueve personas investigadas. Redondo también hizo un comunicado en el cual asegura que "no ha recibido ninguna instrucción, ni ninguna sugerencia del fiscal general", con relación al informe de Tsunami.
La Fiscalía es jerárquica, aunque un fiscal puede expresar por escrito que está en desacuerdo con la opinión de sus superiores si es así, tal como le permite el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En el caso Tsunami, la polémica se ha provocado por la difusión de un primer borrador del fiscal Redondo, donde habría apostado por mantener la causa contra Puigdemont y después se habría desdicho.
El fiscal general en Barcelona
A pesar de la tensión vivida en la reunión de la junta del Supremo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mantiene su agenda y este miércoles presidirá una reunión con los fiscales en jefes de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, en la ciudad de la Justicia de Barcelona. Antes, se entrevistará con el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres. Una de las últimas peticiones de García Ortiz a todas las fiscalías de Catalunya era que lo informaran de los casos que podrían entrar en la ley de amnistía.
Composición de la junta
La junta de la sección penal de la Fiscalía del Supremo, que se ha reunido a las 10 de la mañana de este martes, está presidida por Fidel Cadena —uno de los fiscales del juicio del Procés que mantuvo hasta el final la acusación por rebelión— y Joaquín Sánchez-Covisa, nombrado fiscal jefe de la sala de lo penal de la Fiscalía del alto tribunal español en mayo de 2022. Son también miembros los fiscales del Procés Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal, que mantienen su posicionamiento más beligerante contra el independentismo catalán. Los otros fiscales de la junta son: Consuelo Fidalgo, Juan Carlos López Coig, Manuel Martínez, María Ángeles Garrido, José Martínez Jiménez, Salvador Viada, Olga Sánchez, Justino Zapatero, Manuel Dolz, y Álvaro Redondo, que ha defendido el informe de Tsunami.