Las portadas del Trío de la Bencina aun no han dicho ni mu sobre la reaparición de la operación Catalunya en los tribunales. Hace cuatro días que se entretienen con el caso Mediador, un escandalete que se investiga en las Islas Canarias. Se trata de una red que cobraba comisiones a empresarios —17 según la investigación de la policía española y la Guardia Civil—, dirigida por Juan Bernardo Fuentes, exdiputado del PSOE, que pedía 5.000 euros a los empresarios a cambio de privilegios en contratos públicos. En la trama figuran también el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa y el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte. Según la investigación, se reunían con los empresarios en el Congreso y en la sede de la Guardia Civil en Madrid para aparentar seriedad y acababan en fiestones con drogas y prostitutas.
El griterío de El Mundo, ABC y La Razón, es espectacular, con todo tipo de contorsiones en los títulos para hacer ver que la trama salpica a más diputados socialistas y de la que explican los detalles sórdidos y morbosos con un nivel de enredo e histeria fuera de medida. En el fondo es esto: un diputado que se aprovecha del escaño para cobrar extorsiones. Un hecho episódico: el fiscal no ha pedido ni prisión preventiva para el diputado.
Entretanto, dejan sin explicar que, por primera vez, un juez español investiga la operación Catalunya, un escándalo sistémico de corrupción que implica a varios aparatos del Estado. Entre el 2012 y el 2019, altos mandos policiales españoles actuaron al margen de la ley contra políticos independentistas catalanes y otras personas simpatizantes. Más tarde, también contra Podemos y el tesorero del PP Luis Bárcenas. Cargos del gobierno del PP lo sabían y coordinaban algunas de las operaciones de intoxicación.
Encima, este miércoles, La Vanguardia añade que varios jueces rechazaron una docena de denuncias —desde la del exconseller Jaume Giró a las de Jordi Pujol Ferrusola, la familia Sumarroca, el consejero delegado de la Banca Privada de Andorra Joan Pau Miquel o la de Sandro Rosell. Entre los magistrados que no quisieron saber nada figuran Fernando Andreu y Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional. Los diarios que no quieren saber nada son los mismos que publicaban, sin preguntar, las fabricaciones de la trama denominada policía patriótica. No es extraño que no quieran saber nada de la operación Catalunya.
Esta guerra mediática es parte de la guerra política que seguirá abierta hasta que se celebren las elecciones municipales y autonómicas que vienen. Entretanto, Ferrovial, una multinacional española de la construcción (7.531 millones de facturación en 2022), se traslada a los Países Bajos para sacar provecho de un régimen fiscal más favorable. La patria es la cartera, dicen. Los diarios de Madrid lo llevan pequeñín no sea que quede perjudicado el prestigio de España o expuesto el patriotismo de estos empresarios. Las portadas de Barcelona dan mucho espacio, claro, a las nuevas restricciones en el uso de agua a causa de la sequía excepcional. Una nota triste final: solo El País y El Mundo se hacen eco de la muerte de al menos 62 migrantes africanos —veinte de ellos menores— al naufragar su patera 200 metros de la costa italiana. Las autoridades sabían qué estaba pasando. Nadie hizo nada.
