El gordo informativo de este martes se lo lleva La Vanguardia. El País, el segundo premio. Son dos primicias que confirman lo que los medios sabían y no decían: el gobierno del Partido Popular inicia en 2012, y hasta 2019, una operación contra el movimiento independentista catalán en el que utiliza a la policía española y otros aparatos del Estado para orquestar una campaña de descrédito de sus líderes y personalidades. Es la llamada "operación Catalunya", en la que colaboraron de buenas o malas tantos medios, incluidos los que estos días se escandalizarán mucho. Ambos diarios se han guardado la exclusiva para el diario impreso hasta la mañana de este martes —quizás por cosas así son los que venden más ejemplares de papel.
La Vanguardia explica que el magistrado Hermenegildo Ibarra, del juzgado de instrucción 13 de Madrid, investiga ahora a tres mandos policiales españoles y a un exagente del FBI por organización criminal, falsedad de funcionario en documento oficial, acusación y denuncia falsa, malversación de dinero público y detenciones ilegales. Ahí es nada. Esta es la novedad: por primera vez la justicia española instruye una causa sobre la operación Catalunya. El resto era casi todo conocido, pero los diarios de referencia no le habían hecho mucho caso. Ahora sí, gracias a una documentada querella de Sandro Rosell, el expresidente del Barça, a quien la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, tuvo dos años en prisión incondicional —pese a la falta de indicios serios— en el caso que le montaron los investigados, dirigidos por el excomisario José Manuel Villarejo. "En el punto de mira", añade el diario, està Alícia Sánchez Camacho, presidenta del PP en Catalunya entre 2008 y 2017 y diputada a la Asamblea de Madrid desde 2019, ejem. Camacho proporcionó a Villarejo muchos nombres para embarrar, entre los cuales destacan la familia Pujol Ferrusola y el mismo Rosell.
La Vanguardia recuerda la acusación de Villarejo en TV3: Lamela encerró a Rosell a cambio de su promoción en el Tribunal Supremo. "Este es su destino actual", añade al periodista, astuto. No dice, sin embargo, que Lamela ha instruido también —entre otros— el caso de los jóvenes de Altsasu y los hechos del 19 y 20 de septiembre del 2017 —el asalto de la Guardia Civil al Departament d'Economia—, por| los que decretó prisión incondicional a Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. También admitió la querella del fiscal contra el presidente Puigdemont y trece consellers por rebelión, sedición y malversación por el referéndum del 1-O. Decretó prisión provisional sin fianza para todos ellos (Junqueras, Romeva, Bassa, Mundó, Turull, Rull, Borràs, Forn y Villa) y la euroorden para los exiliados (Puigdemont, Comín, Puig, Serret, Ponsatí). Perdió el caso al sumarse su instrucción a la del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
La información de El País proviene de un caso ya viejo y en marcha, el Kitchen, en el que se investiga el operativo organizado por el gobierno del PP para espiar y neutralizar al tesorero del PP, Luis Bárcenas. Va a morir a la misma playa, sin embargo, con la añadido de que entre las víctimas figura también Podemos. El diario revela centenares de mensajes de whatsapp entre miembros del Gobierno donde detallan el plan para investigar "en muchos casos sin apoyo judicial" —o sea, ilegalmente— al independentismo catalán entre 2015 y 2019.
Tiene gracia —y mérito— que firme esa información el mismo periodista que el 23 de diciembre del 2012 abría la portada del diario (pdf) con este título: "Mandos policiales actúan al margen de la ley contra políticos catalanes. Los agentes difunden acusaciones sin pruebas para denigrar a los soberanistas". El diario se olvidaría pronto de seguir esta historia para entrar en la espiral denigratoria del independentismo catalán que desde el 2013 engulló a casi todos los medios españoles, incluidos los que se editan en Barcelona —a ello alude la misma portada de 2012. De hecho, aun dura. En fin. El País recupera este martes el hilo informativo interrumpido en 2012. Han pasado diez años largos y condenas a más de cien años de prisión, largas inhabilitaciones y confiscaciones de bienes, etcétera, etcétera. Quizás ahora siguen el tema hasta el final.
