Las portadas de hoy son lamento y clamor por la propuesta del gobierno español de nombrar Fiscal General del Estado ("fiscala", dice La Voz de Galicia) a la exministra de Justicia, Dolores Delgado García, ella misma fiscal de largo recorrido, sobre todo en la Audiencia Nacional, donde se desempeñó desde 1993 hasta el año pasado.
No es difícil coincidir con los diarios que ese traslado queda muy feo, porque desenmascara la triste condición del aparato judicial del Estado y la crudeza de "la batalla insólita entre el poder ejecutivo y el poder judicial, que determinará el rumbo del sistema político español", como decía por aquí un ilustre columnista de esta casa. Cabe decir que también indica la voluntad del Team Sánchez de poner orden en el sector, "ocupado y casi se podría decir que usurpado por agentes reaccionarios colocados en los lugares idóneos durante los gobiernos del PP". En vista del panorama, Sánchez debe pensar que no hay peor cuña que la de la misma madera –y de ahí el nuevo destino de la exministra.
De acuerdo. Se admite la protesta de toda la prensa madrileña –la de Barcelona es hoy más moderada, como quien se queda a verlas venir. Sorprende, sin embargo, ese deseo repentino de pureza y limpieza en la designación de autoridades judiciales. Quizás no es ninguna exageración decir que la ciudadanía habría agradecido a los diarios una pizca más de constancia y coherencia en su inesperada pasión por las virtudes públicas, en su afán de finezza democrática, en su escrúpulo institucional.
La misma vehemencia habría sido un gran qué en el transcurso del peculiar viaje judicial de los líderes independentistas, sin ir más lejos. O sí, pues también habría sido bienvenida a la hora de indignarse ante la vertiginosa carrera del Consejo General del Poder Judicial, que desde el pasado mayo ha nombrado o convocado las plazas de 46 presidentes de tribunales y magistrados de Tribunal Supremo aunque está en funciones desde hace más de un año. La mayoría de los confirmados/as son afines o próximos al presidente (interino, claro) del Consejo, Carlos Lesmes –ocho años director general con José María Aznar– y a los vocales (también interinos) nombrados a instancias del PP.
Si el Consejo hubiera actuado con la misma pulcritud que ahora los diarios exigen a Sánchez para nombrar fiscal general, se habría cortado de promover estas 46 plazas de magistrado. Habría dejado esa tarea al próximo Consejo, cosa que solo pidieron cuatro de los veinte vocales del actual (e interino). Es lo que hizo su predecesor, por cierto –se conoce que tenía más vergüenza.
Es decir, considerados los precedentes, el singular traslado de Dolores Delgado García del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General quizás no es más que una tradición, una costumbre, un hábito del que casi nadie se quejaba (la Fiscalía te lo afina). La prensa se ha rasgado las vestiduras demasiado tarde. Ya que estamos, y por ser prácticos, resultará que Sánchez, para arrancar la reforma de la Justicia, piensa que un clavo saca otro clavo, cosa que deja las portadas de hoy en otro banal ejercicio de tartufismo como el que intoxica las instituciones del Estado –diarios incluidos.
