Parece que la dirección de ERC ha advertido que la investidura de Pedro Sánchez corre peligro si no se cierra muy pronto, habida cuenta la ofensiva de las fuerzas reaccionarias del Estado, así que quizás tendremos Gobierno constituido antes de que termine el año. Ahora bien, que esto sea posible depende de la capacidad del Gobierno en funciones de imponer criterio a la abogacía del Estado, que es un colectivo funcionarial jerárquicamente subordinado pero con margen suficiente para boicotear cualquier iniciativa.

Ya se notó cuando el Gobierno Sánchez tuvo que destituir al abogado del Estado Edmundo Bal que se empeñó en acusar de rebelión y no de sedición a los líderes independentistas en el juicio del Procés. Bal acabó fichando como candidato de Ciudadanos, pero los que piensan como él son muchos y siguen formando parte de la llamada Brigada Aranzadi que dejó bien organizada otra abogada del Estado en funciones de vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Ahora, la ofensiva de las fuerzas reaccionarias del Estado es más encarnizada porque juega a la defensiva respecto de los tribunales europeos, pero, sobre todo, porque quieren dinamitar a toda costa la posibilidad de un Gobierno de coalición de izquierdas con el visto bueno de los independentistas de ERC.

Si PSOE y ERC se apresuran y llevan adelante la investidura antes de que se la revienten, asistiremos a una batalla insólita entre el poder ejecutivo y el poder judicial, que determinará el rumbo del sistema político español. Y desgraciadamente en este caso el Ejecutivo partirá en inferioridad de condiciones

Catalanes que han estado en Madrid los últimos días y frecuentan ámbitos de poder han constatado que las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo emplazando el Tribunal Supremo a acatar la sentencia de Luxemburgo ha levantado ampollas no solo entre los miembros del tribunal, sino en el conjunto del Deep State.

Las iniciativas de los fiscales del Tribunal Supremo manteniendo, sin perder un minuto la actitud beligerante en el contencioso soberanista, parece que no es más que el aperitivo de lo que vendrá a continuación, ahora justificada por la defensa de la soberanía jurisdiccional española.

Así que, si PSOE y ERC se dan prisa y llevan adelante la investidura antes de que no se la revienten, asistiremos a una batalla insólita entre el poder ejecutivo y el poder judicial, que determinará el rumbo del sistema político español. Y desgraciadamente en este caso el Ejecutivo partirá en inferioridad de condiciones. Las instituciones del Estado que no son representativas están ocupadas y casi podría decirse que usurpadas por agentes reaccionarios colocados en los lugares idóneos durante los mandatos de los gobiernos del Partido Popular.

Estamos ante una crisis democrática postmoderna. Cuando los militares dan un golpe de Estado siempre lo justifican afirmando que deben resolver lo que los políticos no han sido capaces de hacer. Y asumen el poder por la fuerza con el apoyo de algunos políticos y la connivencia de los jueces. El caso del golpe de Pinochet en Chile fue en este sentido paradigmático. Primero los militares y luego los jueces. Ahora en España nos encontramos con la situación de que los jueces, con la connivencia del resto de instituciones del Estado, han tomado el poder con los mismos argumentos que antes lo hacían los militares. Que tengamos una Feliz Navidad y que Dios –y Europa– nos ampare.

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