Catalunya requiere la inversión de 50.900 millones de euros hasta 2040, más de 2.800 millones al año, si se quiere que Catalunya tenga un 19% de las infraestructuras del Estado, de acuerdo con su peso económico (Catalunya es el 19% del PIB de España). Este cálculo/reivindicación de la Cambra de Comerç de Barcelona abre hoy todas las portadas de los diarios de Barcelona —excepto la de El Periódico, que la lleva en un rincón porque considera más importante que Catalunya sea la autonomía con más okupaciones del Estado, en concreto casi la mitad. Algunos quieren ver en este dato el legado del anarquismo, que tanto peso político y social tuvo en la Catalunya del primer tercio del siglo pasado. Podría ser.
En cambio, los 50.900 millones que reclama la Cambra son, sin duda, el legado de España en Catalunya: un déficit de infraestructuras que persistirá durante muchas más portadas. Piensa que el presupuesto de la Generalitat de 2023 asciende a 41.000 millones de euros, de manera que España debe a Catalunya 1,25 presupuestos de la Generalitat. La Vanguardia, que da siempre pista a estas reivindicaciones, levanta el dedito en el editorial y recuerda que también hace falta "más gestión", como queriendo empatar las responsabilidades del gobierno español y de la Generalitat. Un clásico: un poco de café, un poco de leche; un poco de café, un poco de leche; un poco de café, un poco de leche. La cosa es que si no te llegan los recursos, ¿qué cuerno de "gestión" pretendes? En fin.
Los diarios de Madrid dedican la portada a fabricar el relato favorable al PP de lo que pasa en Extremadura, donde Vox no quiere dar los votos a la candidata del PP a presidenta regional si no recibe a cambio alguna consejería. La líder local del PP, María Guardiola, dice que ni hablar e incluso está dispuesta a repetir las elecciones. De momento, el desacuerdo ha dejado la presidencia del parlamento regional en manos del PSOE. El partido ultra quiere repetir los acuerdos del País Valencià y las Islas Baleares, donde el PP ha comprado las medidas, el marco ideológico y la terminología de la extrema derecha. La foto de portada de El País es buenísima para ilustrarlo.
Los diarios del Trío de la Bencina han aprovechado la ocasión para presentarla como una especie de Juana de Arco de la derecha, como demostrando que la política del PP no es pactar con Vox a cualquier precio. Que hay líneas rojas. El País hace lo que puede en su portada para remarcar que la actitud del PP de Extremadura es una excepción "tras pactar [el PP con Vox] en toda España". Es así, pero se les ve pelín desesperados porque se les ha pinchado el relato que hasta ahora promovían: que Feijóo empuja un pacto con los ultras en todas partes y a cualquier precio.
Qué casualidad, sin embargo, que los acuerdos entre la derecha y la extrema derecha hayan sido tan fáciles en las comunidades donde se habla catalán —no te enfades: si quieres lo llamamos "una lengua diferente al español"— mientras en la España-España ya no se tolera la fanfarronería ultra. En las Baleares, el PP no tiene problema en hacer presidente del Parlamento a un señor que ha dejado pruebas por escrito —siempre en castellano— de que es un machista, un homófobo y un negacionista climático. En el País Valencià, el PP ni se inmuta cuando Vox hace vicepresidente y conseller de Cultura a un extorero que no esconde su franquismo, ni cuando la primera decisión de la nueva alcaldesa de Valencia, del PP, ha sido pedir que se restituya la oficialidad del nombre en castellano de la ciudad. En Extremadura, en cambio, no hay problema al resistir los avances de Vox. Extremadura es parte de la España Uniforme o Puramente Constitucional de aquel mapa de Jorge Torres Villegas de 1852, donde los territorios de habla catalana son denominados España Incorporada o Asimilada. Quizás no tiene nada que ver o quizás mapas, mapas, mapas.
