La eurodiputada Clara Ponsatí ha participado en el debate en el Parlamento Europeo sobre el estado de derecho en España, propulsado por el Partido Popular en Estrasburgo. En este, se ha hablado sobre todo del bloqueo de las instituciones judiciales españolas, con los diputados del PSOE y PP acusándose mutuamente de ser los culpables de la situación. También de los efectos de la ley del Solo sí es sí y también de las reformas de los delitos de sedición y malversación, cuando se han producido las acusaciones más duras por parte de eurodiputados como Jordi Cañas (Cs) o Jorge Buxadé (Vox), contra el gobierno de Pedro Sánchez, con numerosas comparaciones entre España y Hungría y Polonia. Con todo, Ponsatí ha querido dejar claro que "a nadie le importa este estado de derecho en España".
En una intervención en inglés de un minuto, el límite que tenía cada eurodiputado, Ponsatí ha empezado señalando al PP, partido que había pedido que se celebrara este pleno, de instrumentalizarlo, como todo el resto de instituciones en España "con jueces afines que miran hacia otro lado, con la policía reprimiendo un movimiento pacífico, recurriendo al espionaje político y digital", en referencia al caso del CatalanGate y el espionaje masivo de personalidades independentistas con el programa Pegasus. Ponsatí, sin embargo, ha insistido en que el Parlamento Europeo hasta ahora no se había preocupado nunca por el estado de derecho en España: "Ahora estamos cayendo en una lucha política ridícula". Finalmente, la eurodiputada independentista también ha hecho referencia en este pleno en Estrasburgo al hecho de que tanto el PSOE como el PP sean cómplices de la corrupción de la monarquía española.
La intervención de Diana Riba en el Parlamento Europeo
Después de Ponsatí ha intervenido la también eurodiputada catalana Diana Riba, que ha asegurado que en su caso sí que tiene un gran interés en la salud de la democracia en el Estado, ya que "nuestra libertad depende de ella". Riba se ha referido también a los temas que ella considera que son realmente una amenaza para el estado de derecho: "Empecemos por el sistema judicial, que transitó del franquismo a la democracia sin reformas y que, controlado por apellidos fácilmente identificables, es el arma predilecta de la extrema derecha y de la no tan extrema". A continuación, la eurodiputada de ERC ha fijado como gran problemática la criminalización y la movilización de la sociedad civil con la Ley Mordaza, que todavía no se ha derogado, tal como ha destacado. "Podríamos poner sobre la mesa la corrupción, pero si empiezo por los dos grandes partidos, se me acaba el tiempo", ha bromeado la republicana, que también se ha referido, como Ponsatí, al espionaje con Pegasus.
Ante todos estos problemas que ha enumerado en el pleno, Riba se ha mostrado satisfecha porque la problemática sobre el estado de derecho se haya podido tratar en el Parlamento Europeo y ha concluido su intervención con un deseo: "Esperamos que el mismo interés que tienen desde la derecha de promover debates electorales, lo tengan para corregir las muchas deficiencias democráticas que hace tiempo que arrastran".
La reforma de la malversación, a examen
Antes de la intervención de las eurodiputadas catalanas, ha hablado Dolors Montserrat, portavoz del Partido Popular Europeo, que ha denunciado que "España sufre una grave deriva degradación democrática" por culpa de las decisiones que ha tomado Pedro Sánchez, especialmente por "la entrega del Código Penal en aquellos que han atentado contra la constitución", en referencia al independentismo y la reforma de los delitos de sedición y malversación. Quien también ha hablado de estas reformas ha sido Didier Reynders, comisario europeo de justicia. En su caso, ha anunciado que la Comisión Europea está analizando la reforma del delito de malversación para evaluar si los cambios cumplen con las reglas de la Unión Europea, especialmente en la protección de los fondos europeos. Reynders, ha asegurado que "la reforma introduce cambios en diferentes delitos, incluido el de malversación. La Comisión está actualmente analizando estas nuevas disposiciones para comprobar la conformidad de la reforma con la legislación de la UE, especialmente con respecto a la protección de los intereses financieros de la UE".