La consellera exiliada Clara Posatí ha realizado este miércoles una intervención contundente en el Parlamento europeo, y ha denunciado que "los catalanes somos ciudadanos de segunda en España". Ponsatí ha puesto como ejemplo la reciente resolución de la ONU que dijo que España violó el derecho político de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva al suspenderlos como diputados sin que existiera sentencia, y ha reclamado a la Comisión Europea que actúe. "¿Sólo los catalanes merecemos este maltrato?", ha preguntado sin ambajes.

"El 31 de agosto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró que la suspensión de cuatro representantes electos catalanes fue una vulneración de su derecho político y, sobre todo, de los derechos de sus votantes. La ONU concluyó que España había incumplido el artículo 25 de la Carta, y que está negando los derechos constitucionales de los catalanes. Eso ha sucedido a plena vista, bajo la vigilancia de este Parlamento y de esta Comisión. Pero nunca habéis dicho nada. ¿Es vuestra política esperar que una institución externa se pronuncie antes de reconocer la violación de los derechos de los ciudadanos europeos? ¿O sólo los catalanes merecemos este maltrato? ¿Vuestro silencio es fruto de la debilidad o del cinismo? El informe que debatimos hoy afirma correctamente que las violaciones de derechos humanos generalizadas en la UE son perjudiciales y en algunos casos son sistémicas. Sois conscientes de ello. ¿Ahora que la ONU ha constatado que España es incapaz de cumplir su propia Constitución, podemos decir lo mismo sobre la Unión y sus tratados? ¿O os atreveréis a frenar esta discriminación contra ciudadanos europeos sólo basada en su nacionalidad?", ha indicado.

Desde la ONU ya se habían posicionado sobre este conflicto. La prisión preventiva de los dirigentes políticos catalanes fue declarada arbitraria por parte del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria en el 2019. Un año después, se estableció que España no cumplió los requerimientos, y ni los liberó ni reparó por la vulneración de derechos, tal como exigían las decisiones de 2019. El informe de aquel año fue una iniciativa del abogado británico experto en derecho internacional y derechos humanos Ben Emmerson. El febrero de 2018 ya pidió al grupo de trabajo que confirmase o no si la situación de prisión preventiva vulneraba los derechos fundamentales recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquel escrito constaba de 19 páginas y estaba firmado por el presidente relator de este grupo de la ONU José Antonio Guevara Bermúdez.