La Policía Nacional ha atribuido un delito de ciberterrorismo a los dos detenidos en la provincia de Las Palmas por la filtración de datos personales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de ministros, militantes socialistas e implicados al caso Koldo. El delito se les atribuye por vender ilícitamente las bases de datos que contenían la información delicada y para monetizar sus actividades delictivas. Los detenidos son dos chicos nacidos el año 2006, y según ha informado la policía, también serían, presuntamente, responsables de la filtración de datos de varios profesionales de los medios de comunicación.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, el principal arrestado es el responsable de la filtración de direcciones de domicilios, teléfonos, números del DNI y direcciones de correo electrónico del presidente del Gobierno y de altas personalidades del Estado y del gobierno. Además, "valiéndose de la publicidad y de la trascendencia de estas publicaciones, habría vendido ilícitamente el acceso a las bases de datos que contenían informaciones delicadas", señala la Policía. Mientras tanto, el segundo arrestado se habría encargado, presuntamente, de monetizar estas actividades.

Las indagaciones se iniciaron cuando los agentes de la policía detectaron la filtración de datos personales en varios canales de difusión masiva y de redes sociales. Francisco de Jorge se hizo cargo de la investigación desde la Audiencia Nacional cuando, la semana pasada, los agentes descubrieran en un canal de Telegram los datos de diferentes ministros, de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, del president de la Generalitat, Salvador Illa y de implicados en el caso Koldo.

Entre los afectados también se encuentran periodistas, así como el ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor, Koldo García y el empresario y presunto comisionista, Víctor de Aldama. Los cuatro, investigados en el marco del caso Koldo.

Los perfiles digitales que publicaban los datos reivindicaban la posesión de la misma y, además, se vanagloriaban de su capacidad para venderlos. Además, lanzaban mensajes amenazadores sobre futuras publicaciones de más información en la misma línea, "con el consiguiente peligro para la seguridad nacional", recalca el comunicado policial. La estructura que utilizaban los detenidos para sus actividades delictivas, incluía el cobro mediante el uso de criptomonedas, un medio de pago que facilita el anonimato y dificulta el rastreo de los fondos por parte de los investigadores.

Una grave amenaza para la seguridad nacional

La policía española cree que la naturaleza de los datos filtrados, que afectaban cargos de altas instituciones del Estado, miembros de partidos políticos y periodistas, "convertían a los arrestados en una amenaza muy grave para la seguridad nacional".

Esta filtración no es la primera que se detecta. La Policía detectó una el pasado 19 de junio, que afectaba a otros miembros del gobierno como la vicepresidenta María Jesús Montero y ministros como Óscar Puente, Luis Planas, Fernando Grande-Marlaska o Ana Redondo, así como a exdirigentes del PP como María Dolores de Cospedal o Rafael Catalá, entre otros.

La operación la han llevado a cabo los agentes de la Comisaría General de Información y ha contado con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia y de las brigadas provinciales de información de Madrid y Las Palmas. Todo eso ha sido coordinado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 1.