Uno de los 45 agentes de la Policía Nacional imputado por las cargas en los colegios electorales de Catalunya durante el referéndum, que se celebró el 1 de octubre de 2017, ha denunciado el beso no consentido que le dio a una de las manifestantes en Barcelona por considerarlo un delito contra la libertad sexual. Seis años después y a la espera de juicio, en medio de la polémica generada por el beso forzado de Luis Rubiales a Jenni Hermoso durante la final del Mundial, que lo ha llevado a dimitir, el policía ha interpuesto una denuncia contra la mujer este lunes ante el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona. El efectivo de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios, relata que una persona desconocida de unos 60 años le dio un beso en la boca de manera "sorprendente, inopinada, repentina y no consentida".

El policía ha acompañado la denuncia con un vídeo del canal de Qatar Al Jazeera, y según ha relatado, los hechos se produjeron en un ambiente "de extrema violencia ambiental", en el cual, según denuncia, la mujer buscaba, "además del ánimo libidinoso", desencadenar "una situación de violencia generalizada" por la reacción del agente que, sin embargo, fue de "asco y contención".

Orden de alejamiento para la mujer

En el texto de la denuncia se detalla que los hechos se produjeron justo después de intervenir las urnas electorales que estaban en la sede central del Departament d'Educació, situado en la Vía Augusta de Barcelona. El agente explica que "una señora de unos 60 años se acerca a mí, me insulta, y al observar que una cámara estaba próxima a los dos, me coge con ambas manos del cuello y del casco antidisturbios que llevaba al ir de uniforme, inmovilizándome sorprendentemente, y acercando mi cabeza a la suya, para posteriormente besar mi boca con la suya". Además, apunta que mientras desalojaban el espacio, los antidisturbios sufrieron "gritos, insultos, agresiones y vejaciones". El agente detalla "al cogerme de la parte baja del casco, no puedo escabullirme ni impedir que doble mi espalda, todo esto al intentar evitar tener una respuesta brusca al abuso que pudiera desencadenar una situación de riesgo todavía mayor para la integridad de los actuantes de la cual ya estábamos soportando". 

En su denuncia, el agente pide la identificación de la manifestante y que se le imponga una orden de alejamiento de 1.000 metros. Además, también solicita la prohibición de comunicación con él por cualquier medio a fin de proteger a la víctima. El policía, que denuncia los hechos casi 6 años después, ha asegurado que no lo había hecho hasta ahora por la imposibilidad de conseguir el video para poder adjuntarlo como prueba documental, según han detallado a EFE fuentes del Sindicato Unificado de Policía (*SUP) el gabinete jurídico del cual asiste al agente. "Cómo se puede apreciar (en el video), no tenía consentimiento y (...) el principio de autoridad está completamente diluido", alegan desde el sindicato, que considera el acto un caso de abuso sexual, puesto que es previo a la reforma del Código Penal que pasa a equiparar el abuso y la agresión.