El Ayuntamiento de Barcelona ha cifrado en 294 las personas atendidas a raíz de las agresiones policiales del 1 de octubre.

Es el resultado del servicio de atención a los afectados que el consistorio habilitó de urgencia el día siguiente del referéndum, el pasado 2 de octubre, y que se alargó hasta el día 20 del mismo mes en la Oficina para la No Discriminación que tiene el ayuntamiento.

En esta, se ha ofrecido orientación y asesoramiento jurídico a las víctimas y familiares de agresiones policiales, así como atención y apoyo psicosocial. Además, desde el servicio se ha actuado en aquellos colegios electorales y barrios donde se produjeron cargas policiales ofreciendo apoyo psicosocial y orientación jurídica.

De las 294 personas atendidas, 49 han recibido atención jurídica y psicológica presencial, 11 han recibido atención sólo de carácter psicológico y 5 de carácter jurídico. Además, 171 personas han participado en los talleres grupales recibiendo atención psicosocial o asesoramiento jurídico, 41 han aportado información o material audiovisual y 17 han contactado para solicitar información.

"Trato humillante y vejatorio"

Según el informe del Ayuntamiento, la policía cometió tratos "humillantes y vejatorios" hacia algunas personas, entre los que pone de ejemplo "los empujones reiterados (...) insultos, arrastres estibando del pelo o sujetando desde la zona facial o los dos casos de agresión sexual narrados por dos de las mujeres atendidas". Estos son los que considera de mayor gravedad.

Así, la mayoría de los casos de agresión se habrían producido mediante porra o bastón policial, que incluyen patadas en partes del cuerpo "especialmente sensibles" (cara, ojos y cabeza), así como "fuertes empujones contra el suelo o las escaleras".

Vulneración de los derechos humanos

El Ayuntamiento de Barcelona concluye que el 1 de octubre "se vulneraron derechos humanos y fundamentales como la libertad de expresión, la integridad moral y el derecho de reunión y manifestación pacífica, en contra de la legislación estatal y la internacional."

Así, se considera que los cuerpos policiales del Estado hicieron un "uso excesivo de la fuerza", haciendo "énfasis" en el lanzamiento de las balas de goma, y se denuncia la "falta de reconocimiento público y social" por parte del Estado, que ha contribuido a un "silenciamiento del dolor" de las víctimas.