Prescrito. La reciente celebración este año del quinto aniversario del Referéndum de Independencia de Catalunya, el 1-0 del 2017, tiene sus consecuencias. En el ámbito judicial, significa que no se pueden personar en el juzgado más víctimas por las cargas que la policía española realizó contra votantes que estaban en las escuelas de Barcelona porque está prescrita. La prescripción de una causa penal va en función del delito que se comete, y se calcula desde el momento de los hechos hasta que se identifica a la persona, y mientras se hacen diligencias no hay peligro de prescripción. En el caso del 1-O, los agentes son investigados por delitos leves, como de lesiones, que prescriben al año, y por delitos menos graves, como el delito contra la integridad moral de las personas, que prescriben al cabo de 5 años. Eso significa que desde el 1 de octubre pasado no se pueden presentar más víctimas a denunciar en el juzgado, si no aparece un herido de gravedad, comparable al caso de Roger Español, a quien un escopetero le reventó el ojo con una pelota de goma y su causa se juzgará aparte.

El titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona, Francesc Miralles, abrió la investigación en octubre del 2017 a raíz de la denuncia de la Generalitat por los daños que la policía española ocasionó en los centros educativos. En la causa de las cargas del 1-O se personaron acusaciones particulares, como la de Irídia, con víctimas concretas (13 casos en 7 centros), y también como acusación popular. Las entidades Òmnium y la ANC, como acusación popular, se añadieron en febrero del 2020 y pidieron más imputaciones. Actualmente, hay cerca de medio centenar de agentes de la policía española investigados por las cargas en dieciséis centros de votación de Barcelona; el próximo mes declaran los últimos y la causa ya se cerrará para ir a juicio.

Reunión con víctimas

Precisamente, las entidades ANC, Òmnium e Irídia han realizado llamamientos periódicos en las redes sociales para encontrar a más víctimas de las cargas policiales en Barcelona, y este miércoles harán una reunión, a puerta cerrada, para definir las estrategias en el procedimiento y para el juicio. Desde Òmnium se aclara que se busca a personas que fueron agredidas, presentaron denuncia en su momento, pero después no siguieron en el procedimiento. Òmnium afirma que se quiere empoderar a las víctimas de cara a próximas fases a fin de que la violencia del 1-O no quede impune. En este caso, sin embargo, si el agente de la policía no está identificado e investigado por otras acciones, tampoco se lo podrá imputar ahora.

El tiempo procesal ha pasado y en este caso, el magistrado ha sido diligente y la causa se ha retrasado sobre todo por el montón de recursos presentados por las partes, sobre todo de las defensas de los agentes y de las acusaciones de las víctimas, pero también cuando la fiscalía pidió el archivo de todo el procedimiento o se sumó a defensas de agentes que reclamaban imputar a los votantes por desobedecer la autoridad, hecho radicalmente descartado por el juez, y refrendado por la Audiencia de Barcelona.

La prescripción de la mayoría de imputaciones

A punto de cerrarse la instrucción de las cargas policiales, ahora habrá que ver cuántos agentes podrán ser llevados a juicio y ser condenados. La mayoría de los policías fueron identificados un año después del 1-O, y una vez se iniciaron diligencias y estas se mantienen vivas, el contador de la prescripción se detiene. La mayoría de las víctimas tienen lesiones leves, como empujones, morados, estirones de pelo... Y si estos agentes no son acusados por el delito contra la integridad moral -que castiga con penas de prisión de 6 meses a 2 años de prisión por infligir a una persona un trato degradante o menospreciar gravemente su integridad o dignidad moral- o podrían ser absueltos por la prescripción del delito leve (1 año) o como mucho ser condenados a una multa. De agresiones de más entidad, hay pocas, como el de dos personas de una escuela de Nou Barris que recibieron porrazos en la cabeza, y el de una persona a quién se le rompió el brazo, aunque no está claramente identificado el agente que le hizo la lesión.

Pendientes del recurso de Español

Paralelamente, el titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona tiene que resolver si admite el recurso de Anaïs Franquesa, la abogada de Roger Español para llevar a juicio dos mandos de la unidad del escopetero que lo hirió. El junio pasado, el magistrado procesó a tres agentes de la policía española por el delito de lesiones por haber pegado a votantes del 1-O en la escuela Ramon Llull de Barcelona y a un escopetero por haber reventado el ojo derecho a Roger Español con una pelota de goma. Además, también procesó a Español por el delito de atentado contra agentes de la autoridad por haber tirado una valla en un grupo policial que estaba en la calle Sardenya de Barcelona el día de la votación.

En la resolución, el magistrado, afirma que el escopetero (con el número operativo UC563) "disparó una pelota de caucho, causando graves lesiones a Español, incumpliendo las medidas de seguridad recogidas en la circular sobre el material antidisturbios". La acusación de Roger Español aportó un montón de vídeos y los Mossos de Esquadra, de forma excepcional en estos casos, identificaron este escopetero y el detalle que le disparó un total de tres balas de goma, según apuntó Irídia.