Ha sido como una premonición de lo que puede venir. La representación tuvo lugar en dos actos. El primero, después de que Pablo Iglesias cuestionara la imagen que habían dejado Marchena y Llarena en Europa. El órgano de gobierno de los jueces, de forma inédita, emitía una declaración institucional para pedir "moderación, prudencia, medida y responsabilidad institucional" al vicepresidente segundo. El segundo, cuando el mismo CGPJ tenía que limitarse a validar que Dolores Delgado cumple los requisitos formales para ser fiscal general del Estado. Recibió siete votos en contra y esquivó considerarla "idónea" como hacía con sus predecesores. En cuestión de pocos días, el poder ejecutivo ya ha recibido un aviso a navegantes del poder judicial: pueden controlar el gobierno, pero no controlan un Estado que, cuando se siente amenazado, ya ha demostrado que está dispuesto a actuar. La legislatura se prevé turbulenta y lejos de la desjudicialización.

En su discurso de investidura, Pedro Sánchez se comprometió a "dejar atrás la deriva judicial". El cambio de tono en La Moncloa, con el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, ha sido evidente. "La política no puede esconderse detrás de las togas", insistía la flamante portavoz María Jesús Montero este viernes. Y se traducida en algunos gestos, desde aplazar una vez más los recursos pendientes ante el Tribunal Constitucional contra resoluciones del Parlament hasta permitir la reapertura de delegaciones catalanas en el exterior. Pero no todo está en manos del gobierno, sino también en manos de otros poderes del Estado con agenda propia y colonizados por la derecha. A la luz de los hechos, no era un comentario inocuo cuando un portavoz del PP hablaba de "controlar por detrás la sala segunda" del Supremo a través del CGPJ. Eso es lo que hacen.

El máximo órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, que tiene el mandato caducado desde hace más de un año, está en manos de una mayoría conservadora y con un fuerte componente político, que va más allá del método de elección de los vocales. Su presidente, Carlos Lesmes, fue un alto cargo de la administración Aznar durante dos legislaturas. Tener el mandato caducado desde diciembre del 2018 no ha impedido a Lesmes seguir con los nombramientos de cargos judiciales. No los ha paralizado hasta esta semana. Entre estos, ha estado el premio a Manuel Marchena, que fue renovado como presidente de la sala de lo penal poco después de condenar a los presos políticos independentistas por sedición. Como el resto de nombrados --más de una cuarentena--, tiene por delante un mandato de cinco años asegurado.

El Tribunal Constitucional, que sigue siendo uno de los principales arietes contra el independentismo, también está en manos de una mayoría conservadora. Su presidente, Juan José González Rivas, llegó en el 2012 patrocinado por el PP. En su expediente constaba haber formulado un voto particular en contra de avalar el matrimonio homosexual y haberse opuesto a la asignatura de Educación para la Ciudadanía de Zapatero. Tanto él, como la vicepresidenta Encarnación Roca y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés tienen el mandato caducado desde el pasado noviembre. Eso no les ha impedido seguir tumbando recursos de los presos políticos catalanes. González Rivas fue el ponente de la sentencia que avalaba la prisión provisional de Oriol Junqueras cuando era diputado en el Parlament.

Lo mismo pasa con el Defensor del Pueblo, que ejerce el cargo en funciones desde hace un año y medio. Para renovar todos estos órganos, que requieren de mayorías amplias del Congreso de los Diputados, el PSOE necesitaría del PP, que de facto ya controla la cúpula de la judicatura. Todo cambio pasa por los populares. Desde Génova ya han adelantado que no se avendrán a negociar nada con los socialistas. Hoy por hoy no se mueven de la posición de bloquearlo todo.

La derecha, a por más judicialización

Paradójicamente, el presidente que quería "dejar atrás la deriva judicial" puede encontrarse con una situación de más judicialización, la que está amenazando de emprender la derecha contra él y su gobierno. Ya durante el debate de investidura, Pablo Casado amenazaba a Pedro Sánchez con emprender acciones legales y llevarlo a los tribunales por un supuesto delito de prevaricación. También adelantó que recurriría ante el Tribunal Supremo el futuro nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general. Por su parte, la extrema derecha de Vox ha presentado una querella contra Sánchez y Delgado por tráfico de influencias. Además, los ultras dispondrán esta legislatura de una nueva arma: al haber superado los 50 escaños en el Congreso, podrán acudir directamente al Tribunal Constitucional. Los socialistas podrían acabar probando la misma medicina que el independentismo, como ya la sufrió el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sólo en su primera legislatura, de 2004 a 2008, el PP registró hasta 26 recursos de inconstitucionalidad.

Los límites de la Fiscalía

En el transcurso de los acontecimientos en la causa del procés, se ha demostrado que el presidente Sánchez a duras penas controla la Abogacía del Estado, que trabajan para la administración del Estado, y no sin turbulencias. El relevo al frente de la Fiscalía General del Estado, con la progresista María José Segarra, no cambió los puntos de vista del ministerio público, probablemente por el riesgo de una rebelión entre los fiscales del Tribunal Supremo. Estos apostaron por mantener la acusación por rebelión y llegaron a pedir hasta 25 años de prisión por Oriol Junqueras. Después de la sentencia del TJUE que reconocía la inmunidad del líder de ERC, la fiscalía defendió que no pudiera salir de prisión. El margen es escaso a pesar de ciertos aspavientos.

La JEC, nuevo actor

Si esta semana ha sido la primera representación de la obra, antes del debate de investidura tuvo lugar el prólogo. La Junta Electoral Central, de mayoría conservadora y compuesto por ocho magistrados del Supremo y cinco vocales escogidos por el partido, hizo un golpe sobre la mesa. A pesar de ser un órgano administrativo con competencias en periodo electoral, decidió inhabilidad un presidente de la Generalitat sin sentencia firme. Una decisión inédita y que marcará un precedente si lo acaba avalando el Supremo.