Fue inédito: una enmienda a los propios presupuestos del Estado. En este caso, la presentó el grupo de Unidas Podemos, de la mano de ERC y EH Bildu, para alargar temporalmente y ampliar la cobertura de la prohibición de desahucios. Finalmente, después del movimiento para presionar a los socialistas, los tres grupos han acordado retirar la enmienda transaccional la misma semana que se debaten en el Congreso de los Diputados. Han arrancado el compromiso del Gobierno, en concreto del sector del PSOE, de abordarlo internamente en el ejecutivo, y darle luz verde en un decreto del Consejo de Ministros.

Fuentes de Unidas Podemos confirman el acuerdo para retirar la enmienda, justamente porque el Gobierno ya está debatiendo un real decreto "que trabaja en la misma dirección". En este sentido, subrayan que un decreto "es más rápido" y se verán antes los resultados. Fuentes de ERC y EH Bildu subrayan que se ha hecho "para no interferir en las negociaciones del nuevo decreto" y dar la opción a Iglesias de intentar lograrlo.

Pero solo se ha retirado la enmienda transaccional de los tres grupos. En cambio, ERC y EH Bildu mantienen sus propias enmienndas "al considerar que los pasos dados hasta ahora son del todo insuficientes y no van a la velocidad que requiere la situación". Se someterán a votación esta semana en el Congreso "con el objetivo de seguir presionando desde el Congreso".

Los impulsores de la enmienda transaccional justificaban cuando la presentaron que querían dar "un paso más allá" y contemplar "un abanico mucho más amplio". En estos momentos, se prohíben los lanzamientos que tengan su origen en la crisis económica generada por la pandemia y querían avanzar. De la misma manera, la enmienda contemplaba la prohibición de cortar los suministros mientras dure el estado de alarma. Se planteaba alargarlo hasta diciembre del 2022. Las formaciones no contaron con la participación del PSOE, a quien descolocó la presentación de una enmienda a los propios presupuestos. Finalmente acordaron lavar los trapos sucios en casa.

De hecho, la Vicepresidencia de Derechos Sociales, de Pablo Iglesias, y el Ministerio de Transportes, de José Luis Ábalos, ya están trabajando. Los secretarios de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, y de Vivienda, David Lucas, han mantenido varias reuniones para acercar posiciones y concretarlo a través de un decreto.

Implicación de los servicios sociales

Según fuentes del Ministerio de Transportes y Vivienda, el decreto que prepara el Gobierno trabaja sobre la implicación de los servicios sociales en el proceso de lanzamiento. Para decidir sobre un posible desahucio, el juez tendrá que contar primero con un informe de los servicios sociales que determine el grado de vulnerabilidad de las personas o familias que se encuentran en el proceso. Esto implicará a los ayuntamientos. Además, el documento incidirá en el hecho de que las comunidades y los ayuntamientos tienen que orientar las ayudas del Plan  Estatal de Vivienda para alcanzar soluciones habitacionales para las personas afectadas por procesos de desahucio.

¿Te ha parecido interesante este artículo? Para seguir garantizando una información comprometida, valiente y rigurosa, necesitamos tu apoyo. Nuestra independencia también depende de ti.
Suscríbete a ElNacional.cat