Finalmente ha habido entendida entre el PSOE y Unidas Podemos para regular los precios del alquiler. El relato de las negociaciones es diferente, pero los dos socios del Gobierno sí que confirman el acuerdo para la futura ley de vivienda. Se trata de un punto intermedio y de una regulación tímida. Por una parte, se mantendrá el sistema de incentivos a propietarios, como planteaban los socialistas. Por la otra, se introducen medidas de congelación de contratos, y por lo tanto de precios, pero no de bajada de estos precios. Este acuerdo llega al día siguiente del recurso a la ley catalana.

La novedad es justamente esta: la congelación de contratos en las zonas declaradas como tensionadas. Eso quiere decir que, por ejemplo, si a un inquilino se le acaba el contrato y vive en una zona tensionada, no se le podrá subir el precio del alquiler cuando lo renueve. Esto tiene otra vertiente: si un inquilino entra en una vivienda nueva en una zona tensionada, el precio máximo estará marcado por el del inquilino anterior. En paralelo a esto, sí que se mantienen los incentivos para los propietarios que bajen la renta.

El relato que hacen los dos socios del gobierno, en cambio, es muy diferente. Desde el Ministerio de Transportes, comandado por José Luis Ábalos, remarcan que Unidas Podemos ha aceptado la propuesta de congelación de contratos, que pusieron a los socialistas encima de la mesa hace un mes y medio. Estas mismas fuentes aseguran que, de hecho, todavía no han recibido una respuesta oficial del otro lado.

En cambio, desde el otro lado aseguran que "Unidas Podemos logra que el PSOE acepte por primera vez una regulación de los precios del alquiler". En este sentido, fuentes del entorno de Ione Belarra aseguran que los socialistas "han cedido" a su propuesta para "frenar las subidas abusivas". A pesar de todo, admiten que la nueva regulación "no permitiría bajadas de los precios del alquiler", como recoge el acuerdo presupuestario, ni "daría cobertura a la ley catalana de vivienda".

Ley catalana impugnada

Justamente, este martes el Consejo de Ministros aprobó la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana de vivienda. En la rueda de prensa posterior, justamente la portavoz María Jesús Montero justificó que no se pedía la suspensión porque "en paralelo" se tramitaría la ley de vivienda estatal que "incorpora muchos de los elementos" impugnados por vulneración de competencias estatales. Insistió en que durante seis meses ha habido varios intentos de llegar a un acuerdo con la Generalitat a través de la comisión bilateral.

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