"PSOE, tic, tac". Con este lema se han plantado hoy, a las puertas del Congreso de los Diputados, las entidades y sindicatos en defensa del derecho a una vivienda digna. Lo han hecho para registrar su propia ley de vivienda, de la mano de Unidas Podemos, ERC, Junts per Catalunya, la CUP, EH Bildu, Más País, Compromis, el BNG y Nueva Canarias. Ante el inmovilismo de la ministra socialista Raquel Sánchez, que no es capaz de alcanzar un acuerdo con sus socios de gobierno. El principal obstáculo es cómo se regulan los precios del alquiler, que el PSOE quiere canalizar a través de incentivos fiscales y no de topes máximos para las zonas tensionadas.
La ley registrada este jueves en el Congreso ha sido impulsada por entidades como la PAH, el Sindicato de Inquilinas de Catalunya o el movimiento Nadie sin hogar, y ha contado con el apoyo de los principados sindicatos, de organizaciones de defensa de los consumidores como FACUA o del movimiento de las mareas pensionistas. Entre otras cuestiones, la iniciativa regula los precios del alquiler, la garantía de suministros o la limitación de desahucios (con carácter estructural, no sólo por la pandemia).
La propuesta establece "la consideración real y efectiva del derecho subjetivo que toda persona tiene a una vivienda digna, adecuada y asequible, poniendo prioritaria y necesariamente a disposición de los ciudadanos una primera vivienda, ya sea en régimen de propiedad, de alquiler, de cesión de uso, o de cualquier fórmula legal de tenencia temporal y, supletoria o subsidiariamente, la implementación de un adecuado sistema de ayudas y prestaciones económicas destinada al efecto".
Todos los representantes han coincidido en señalar al PSOE. La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Lucía Delgado, ha asegurado que ahora "la pelota está encima del tejado de Pedro Sánchez", que se tiene que "poner al lado de las personas". Como la representante del Sindicato de Inquilinas, Carme Arcarazo que ha preguntado a la ministra Raquel Sánchez si "cederá ante los intereses" de los fondos buitre y los bancos "a costa de la ciudadanía". En cualquier caso, las entidades han advertido que "redoblarán la presión" para que se legisle de una vez por el derecho a una vivienda digna.
Se ha sumado Unidas Podemos, el socio pequeño del Gobierno, que hace meses que negocia con el PSOE una nueva ley de vivienda. De hecho, fue uno de los compromisos para la aprobación de los presupuestos del Estado ahora hace un año. Pero siguen sin a llegar a un acuerdo, sobre todo con respecto a la regulación de los precios del alquiler, recogida justamente en el pacto de gobierno y, también, en el acuerdo presupuestario.