Podemos ha advertido este lunes que la derogación del delito de sedición a cambio de una modificación en el Código Penal para introducir los desórdenes públicos agravados le genera preocupación. Lo ha explicado la portavoz estatal de la formación, María Teresa Pérez, que ha explicado que ven riesgo de criminalización al derecho de protesta pacífica según qué tipo de interpretación se haga del texto que han presentado al Congreso de los Diputados el PSOE y Unidas Podemos. En este sentido, ha avanzado que el partido estudiará el texto por si consideran que hay que presentar enmiendas.
Por otra parte, la formación ha explicado que no participó de manera activa en la negociación con el PSOE para derogar el delito de sedición, y ha añadido que los detalles de estas conversaciones se desconocían en la cúpula morada; ya quien llevaba estas gestiones eran la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens.
Así pues, Pérez ha opinado en rueda de prensa que le parece "muy buena noticia" que finalmente se haya apostado por derogar un delito que, según su opinión, es "anacrónico"; un cambio que desde el partido ya hace "mucho tiempo que se reclama". Ha reiterado que, según Podemos, el conflicto entre Catalunya y España se tiene que solucionar desde la "política" y no desde la esfera judicial.
Asens ha querido contextualizar más tarde las palabras de Pérez, y ha dejado bien claro que las negociaciones se llevaban a cabo con estricta confidencialidad, y que no se habían explicado a las direcciones de los partidos para evitar filtraciones. Asimismo, ha dejado claro que ambas partes sabían perfectamente que esta negociación entre Unidas Podemos y PSOE se estaba llevando a cabo, pero que no se habían filtrado sus detalles.
Podemos se ha pronunciado sobre esta cuestión de la misma manera que ya se pronunció sus exlíder y también exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que dijo que la derogación del delito es un "avance democrático", pero que criticó que su eliminación pase por la incorporación "por la puerta de atrás de otros tipos penales para criminalizar la protesta social".
También dijo que miembros de Podemos estaban estudiando con profundidad una reforma que se había llevado a cabo con "enorme secretismo", y también defendía que existía un "consenso en toda la izquierda de que ninguna reforma puede servir para que activistas sociales que practican la desobediencia civil y protestan en la calle se puedan encontrar con nuevos tipos penales que sirvan para criminalizar la protesta social". En Podemos se han mostrado cautelosos con el texto, sobre todo por la posible afectación a la interpretación que puedan hacer los cuerpos policiales y jueces de este delito.