El Congreso de los Diputados ha vivido este miércoles un episodio de tensión entre Podemos y el PP por las acusaciones que un diputado morado, Javier Sánchez Serna, ha hecho contra la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sánchez ha acusado a la líder del PP madrileño de "apretar el gatillo" para matar personas mayores en las residencias durante la pandemia.

El PP ha salido a replicar esta afirmación diciendo que lo mismo se podría aplicar por quien en aquel momento era vicepresidente y responsable de Derechos Sociales del Gobierno, el exlíder de Podemos Pablo Iglesias, informa la agencia Europa Press.

El toma y daca entre las dos formaciones ha tenido lugar en el marco de la comparecencia ante el pleno del Congreso del ministro de Transportes, Óscar Puente, para hablar sobre el caso Koldo. En este debate, el diputado de Podemos ha aprovechado para hablar de las conclusiones de la comisión ciudadana que analizó la gestión del gobierno madrileño durante la pandemia de la covid.

"Fueron decisiones políticas de la señora Ayuso y fue el gobierno de Ayuso el que apretó el gatillo y eso nada lo cambiará porque eso es lo que representa la señora Ayuso", ha manifestado Sánchez Serna, que se ha referido a la pareja de Díaz Ayuso como "el novio de la muerte".

La reacción del PP

El portavoz adjunto del PP Jaime de Olano se ha quejado por estas declaraciones. De hecho, ha pedido que es retirara la acusación y ha añadido que lo mismo se podría decir de Pablo Iglesias teniendo en cuenta que en aquella época de estado de alarma él era vicepresidente de Derechos Sociales y el gobierno estatal asumió competencias extraordinarias.

"Hoy hemos escuchado cosas absolutamente inaceptables dirigidas a muchas personas, pero señor Sánchez, usted decide", ha intervenido la presidenta de la cámara, Francina Armengol. Pero Sánchez Serna ha optado por reafirmarse en su "forma metafórica" de responsabilizar a Díaz Ayuso de aquellas muertes.

La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid concluyó la semana pasada que a en marzo y abril de 2020 se produjo un exceso de mortalidad en las residencias de la región, el doble que en otras zonas del Estado, y estimó que si no se hubieran aplicado criterios "discriminatorios" se podrían haber salvado 4.000 vidas. Esta Comisión -los miembros de la cual ha sido cuestionada por el entorno del PP- se constituyó en abril de 2023 a instancias de familiares y afectados, alegan, ante la "falta de interés y voluntad" de las autoridades políticas y judiciales para averiguar e informar sobre qué sucedió con las personas mayores confinadas en las residencias madrileñas al inicio de la pandemia.