La Plataforma per la Llengua lamenta que el gobierno del Ayuntamiento de Lleida mantenga su gobernabilidad a cambio de debilitar "nuevamente" la lengua propia, regalar derechos lingüísticos y de fomentar el maltrato al catalán. Así lo han comunicado después de conocer que el gobierno del PSC ha acordado con el grupo de Ciutadans que los trámites en la web del ayuntamiento se podrán hacer en castellano y que el catalán será, por lo tanto, pues, prescindible.

Desde la Plataforma por la Lengua lamentan que, "una vez más", Àngel Ros incumpla su compromiso de defensa de la lengua catalana que manifestó durante una reunión con la ONG del catalán hace un año y que, a cambio de "mantener la silla", ponga en riesgo la promoción del catalán como lengua de uso habitual a la administración. Consideran que en Lleida, en el último año, "asistimos a una serie de despropósitos que tienen el catalán como víctima de un pacto político para asegurar al gobierno municipal".

Desde la ONG del catalán constatan que, con este acuerdo, Àngel Ros se quiere asegurar la gobernabilidad pactando acciones que hacen retroceder el catalán. De esta manera, considera la Plataforma, el gobierno de la Concejalía provoca un debate inexistente entre la ciudadanía, como también lo constata el Síndic de Greuges, recuerdan, que, hace unos días, en la presentación de su informe en la capital del Segrià, aseguraba que prácticamente no existen quejas en materia lingüística de los ciudadanos y delante de Ros afirmaba que "tenemos un tesoro de convivencia lingüística que tendríamos que saber preservar".

La Plataforma per la Llengua, además, se ha quejado estos grupos municipales (PSC y Ciudadanos) del ayuntamiento de Lleida que si su pretensión es dotar la web municipal de todas las lenguas oficiales a Catalunya, sería hora que acuerden y luzcan, también, un pacto para que los trámites en la web de la Concejalía se puedan hacer en occitano, lengua igualmente oficial en Catalunya. En este sentido, la Plataforma per la Llengua considera que si el alcalde quiere cumplir la ley en materia lingüística tendría que hacerlo en todos los casos, no sólo en beneficio del castellano, y empezar por velar para que en dependencias municipales no se venda ningún producto que no esté etiquetado en catalán, tal como indica el artículo 30.1 de la ley de política lingüística.

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