El Consell Assessor per a la Transició Nacional tiene previstos en sus estudios prácticamente todos los escenarios con que puede chocar el procés, entre ellos, el estado de excepción. Según el Consell, una medida de esta magnitud obligaría a la UE a intervenir a través del artículo 7 de su Tratado, "destinado a velar por cumplimiento por parte de los Estados de los valores en que se fundamenta la Unión". Asimismo, se señala que si ante esta situación el Estado se sigue negando a negociar la alternativa que le quedaría a la Generalitat sería la proclamación unilateral de la independencia.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha estudiado la posibilidad de activar el estado de excepción para frenar el procés independentista, a partir de la aplicación del artículo 116 de la Constitución, que se refiere a los "estados de alarma, excepción y asedio", según avanza El Periódico y ha confirmado El Nacional. Este escenario está contemplado en las alegaciones que el Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho llegar a la Comisión de Venecia para defender la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional. Aquí puedes consultar el documento.

El artículo 7 del Tratado de la Unión permite, según el Consell de la Transició, que la UE "reaccione frente a situaciones de riesgo de violación grave o de violaciones graves y permanentes de estos valores fundamentales por parte de los Estados miembros, y que comportan colocar al Estado en cuestión bajo observación y la posible imposición de sanciones".

Asimismo, el informe del Consell advierte de los efectos "muy difíciles y complejos" que una intervención estatal forzosa comporta, que además irían creciendo "en proporción directa a su alcance y su duración", y podrían acabar comprometiendo su eficacia.

Entre estos efectos destaca el hecho de que "resultaría muy difícil ahogar la voluntad popular y evitar que se manifieste en el futuro". "Incluso en el caso extremo de suspensión del autogobierno, esta suspensión no podría tener carácter indefinido ni todavía menos definitivo y, por lo tanto, la voluntad popular y la voluntad institucional podrían seguir manifestándose una vez recuperada la autonomía y el funcionamiento ordinario de las instituciones", subraya.

Es más, según el informe del Consell, ante la negativa del Estado y la situación de bloqueo la Generalitat "podría intentar forzar la negociación, acudiendo a actores diversos (en especial, de carácter internacional, pero también de la sociedad civil) que actúen como mediadores ante el Estado". "El apoyo de la sociedad civil movilizada podría constituir igualmente un factor decisivo para este objetivo", avisa.

"En caso de que esta presión por la negociación no tuviera éxito, la alternativa que restaría a la Generalitat para hacer efectiva la voluntad popular expresada a favor de la creación de un Estado independiente sería la de proclamar unilateralmente la independencia", añade el texto.

El informe del Consell también advierte que para que esta proclamación sea eficaz se tiene que poder ejercer de manera efectiva el gobierno y control del territorio, lo que incluye disponer de las estructuras de Estado.

Además, estas estructuras tienen que tener "la entidad y la capacidad suficientes para asegurar el ejercicio de sus funciones básicas". "Sin esta condición no podría nacer de manera efectiva el nuevo Estado", concluye.