La entidad de juristas Drets y el Instituto de Derechos Humanos de Andorra piden a la justicia andorrana que emita las comisiones rogatorias necesarias con el fin de poder tomar declaración al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz además de otros miembros de la antigua cúpula de Interior por la llamada Operación Catalunya. A la petición que han entrado a la Alcaldía (juzgado) este jueves, han expresado la voluntad de que sea la jueza de instrucción que investiga el caso sobre la presunta extorsión en Banca Privada de Andorra (BPA) la que se desplace hasta la Audiencia Nacional. Según han explicado en un comunicado, el objetivo es "aclarar el papel del estado español en la trama andorrana de esta operación.

Las dos entidades, que han aportado las direcciones actuales de los querellados, han expresado que quieren conocer qué "intervenciones" tuvieron el gobiernos español y andorrano en la liquidación de BPA, en marzo del año 2015. El caso, de que se está investigando desde el 8 de octubre de 2020, pretende saber si hubo coacciones y extorsiones a los responsables de la entidad financiera para conseguir las cuentas bancarias andorranos de Artur Mas, Oriol Junqueras y la familia Pujol, bajo la amenaza del cierre tanto del banco andorrano como de su filial española, Banco Madrid.


La petición

Según han explicado desde Derechos y el Instituto de Derechos Humanos de Andorra en un comunicado, Rajoy, Montoro y Fernández Díaz están siendo investigados por un presunto delito de falsedad de documentos. Concretamente, se les acusa del envío de información "falsa" en el FinCEN (organismo que depende del Tesoro de los Estados Unidos) para que emitiera una nota en contra de BPA, la cual precipitó su intervención y liquidación por parte del gobierno andorrano.

En el caso del expresidente y el exministro de Hacienda español, también se los investiga por un supuesto delito contra los órganos constitucionales -castigado con penas de hasta diez años de prisión-, por haber, presuntamente, intimidado al jefe de gobierno de Andorra y los ministros del Principado con los cuales se reunieron dos meses antes de la intervención de la entidad financiera. Mientras, la excúpula de Interior estaría acusada de los delitos de coacciones, amenazas, extorsión y chantaje.

Aparte de las declaraciones del expresidente y de los dos exministros del Gobierno, también se pide la comparecencia del exsecretario de Estado de Seguridad, a Francisco Martínez, que recientemente ha hecho pública una carta exculpándose de los hechos, y el exdirector de la policía española, Ignacio Cosidó. Además, las entidades quieren que se vuelva a tomar declaración al comisario jubilado Eugenio Pino, que no fue localizado en la primera comisión rogatoria, y al inspector de la policía española Bonifacio Díez. También insisten en reclamar que se levante la inmunidad diplomática del policía Celestino Barroso, que fue quien mantuvo los primeros contactos en Andorra con los responsables de BPA.

El Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) y la entidad de juristas Derechos presentaron en agosto de 2020 una ampliación de querella para dar continuidad a las investigaciones realizadas contra los cuatro policías españoles que supuestamente presionaron la BPA. Según han expresado al comunicado, el testigo del excomisario de la policía española José Manuel Villarejo sobre el qué se ha acabado denominando Operación Catalunya acreditó que la actuación policial tenía también sus responsables políticos, motivo por el cual se quiere investigar cuál era la implicación de los nuevos querellados y los delitos que se hayan podido cometer.

Imagen principal: Mariano Rajoy y Fernández Díaz - EFE

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