El pleno del Tribunal Constitución ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputado del grupo del PSOE y de Sumar del Congreso de los Diputados contra la disposición final segunda y la disposición derogatoria única del decreto ley del gobierno de las Islas Baleares, de PP y Vox, de medidas urgentes en el ámbito educativo y sanitario del 28 de agosto. Este decreto ley incorpora, entre otras medidas, "eliminar, con carácter general, la exigencia de un determinado nivel de conocimiento de catalán como requisito para acceder a puestos de trabajo de personal estatutario y laboral al Servicio de Salud de las Islas Baleares y sus entes instrumentales adscritos, con respecto al personal que desarrolla funciones sanitarias".

Recurso de PSOE-Sumar

Los diputados que han recurrido la norma consideran que podría haber una vulneración de los artículos 86 de la Constitución y del 49 del Estatuto de las Islas Baleares "por falta de presupuesto habilitante y afectación de un derecho estatutario". Asimismo, entre otros motivos, consideran que hay una "vulneración del régimen de cooficialidad lingüística y del derecho de los ciudadanos a utilizar la lengua catalana en sus relaciones con la administración sanitaria".

En el pasado, algunos aspirantes a formar parte de la sanidad pública balear habían criticado el hecho de que se exigiera saber catalán, cómo pasa en otros territorios. Estas quejas levantaron polvareda y fueron una trinchera para PP y Vox. "Somos conscientes de que no existe un problema en cuanto a la relación médico-paciente y se potenciará el uso del catalán a las consultas", afirmaba hace semanas García, aunque la decisión es que la lengua catalana no hace falta que se exija para trabajar como sanitario en el sistema de salud público balear.

De hecho, el futuro de la lengua catalana en las Islas Baleares pasa por las manos de la extrema derecha. El partido de extrema derecha dirige la Oficina de Garantía de Libertad Lingüística en las Islas Baleares, y es que era una de alguna de las condiciones que impuso Vox en su pacto con el PP para investir a Marga Prohens gracias a la abstención de los de Abascal. "En el pacto de investidura con Vox queda recogido que se sacará adelante una oficina por garantizar la libertad de los ciudadanos a utilizar las dos lenguas cooficiales", informó Estarellas.

Ofensiva de Obra Cultural Balear

La Obra Cultural Balear (OCB) considera que el Decreto Ley del Govern Prohens vulnera el principio de igualdad, consagrado en la Constitución, y el de no discriminación por razón de lengua, reconocido al Estatuto de Autonomía. Atenta, así mismo, contra el régimen de cooficialidad lingüística vigente, al sacrificarse el derecho de los ciudadanos a utilizar, en condiciones de igualdad y con normalidad, la lengua catalana en las relaciones con la Administración sanitaria.

Antoni Llabrés, miembro de OCB, señala que el Decreto Ley del Govern "vulnera la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos, en relación con el mandato de protección de todas las lenguas españolas del artículo 3.3 CE, y con el principio jurisprudencial de no regresión, en este caso en materia de derechos lingüísticos, puesto que la eliminación de las garantías para el ejercicio del derecho de opción lingüística, proclamado en el artículo 14.3 del Estatuto constituye un retroceso del estatus jurídico de la lengua catalana que no es razonable ni proporcionado, y contrario a los mandatos de normalización”.