Los periodistas del Congreso de los Diputados hace meses que tienen que compartir espacio con comunicadores de la extrema derecha que están acreditados como periodistas en la Cámara. Entre otros, son Vito Quiles, que también es jefe de prensa de Alvise Pérez, y Bertrand Ndongo, que hace años era asesor de Rocío Monasterio. La tónica habitual en las ruedas de prensa es que no respeten el turno de palabra que reparten los jefes de comunicación de los grupos parlamentarios y cojan el micrófono sin tener permiso para formular preguntas a los portavoces. En los últimos meses, ha habido más de un enfrentamiento y la Asociación de Periodistas Parlamentarios ha emitido más de un comunicado denunciándolo. De momento, la situación continúa igual mientras el Congreso tramita una reforma del Reglamento impulsada por el Gobierno y sus socios para poner límites a estas actitudes. La modificación se someterá al primer debate y a la primera votación el próximo martes. Pero llega tarde.

El último incidente lo ha protagonizado esta mañana Bertrand Ndongo, que ha boicoteado la rueda de prensa de la portavoz de Sumar, Verónica Martínez. Cuando se ha abierto el turno de preguntas, que siempre decide, ordena y da el equipo de comunicación de cada grupo parlamentario, Ndongo ha empezado a preguntar con un tono agresivo sobre el procesamiento de la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra sin que la jefa de prensa le hubiera dado el turno. “Hay una cosa que se llama respeto y no le he dado la palabra”, le ha reprochado a la responsable de comunicación de Sumar. “Quiero escuchar a los periodistas que quieren hacerme preguntas, así que le pido que calle”, le ha lanzado Verónica Martínez, que se ha mostrado dispuesta a seguir respondiendo: “Para mí, es un ruido de fondo”.

“Y ahora las preguntas de los periodistas de verdad”, ha intentado de nuevo la responsable de prensa. Pero aunque una periodista ha empezado a preguntar sobre la reducción de la jornada laboral, la portavoz y los periodistas han acabado saliendo de la sala de prensa viendo el enfrentamiento entre las asesoras de prensa y el agitador ultra. Hace meses que algunos grupos, como Sumar, optan por llevar un micrófono de mano para repartirlo entre los periodistas en lugar de utilizar los micrófonos que hay en las mesas y que puede activar autónomamente cada periodista. Pero ni así ha sido posible.


Ante la imposibilidad de hacer preguntas, los periodistas se han levantado y han abandonado la sala de prensa. Posteriormente, se han dirigido a la Dirección de Comunicación de la Cámara Baja para denunciar que se sienten “desamparados” ante estas actitudes y pedir que se tomen medidas. Sin embargo, desde la Dirección de Comunicación han replicado que siempre dan un toque de atención a las personas que no se comportan como tendrían que hacerlo y han esgrimido que no tienen “más instrumentos” para evitarlo y que, como funcionarios públicos, “no pueden hacer nada más”. Alegan que su función no es intervenir en las ruedas de prensa en la sala de prensa. Finalmente, los periodistas que estaban allí han acordado, con 34 votos a favor, plantarse y no asistir a las ruedas de prensa que se convocan a lo largo de la mañana en la Cámara Baja.

La reforma del Reglamento para “garantizar la labor de las y los profesionales de la información”

En cima de la mesa hay una reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados que impulsaron hace dos meses todos los grupos parlamentarios excepto el PP y Vox con el objetivo de establecer unas “normas de convivencia” y “garantizar la labor de las y los profesionales de la información”. El texto recoge por primera vez unas reglas para que los periodistas “puedan desarrollar su trabajo en función de criterios deontológicos y de respeto”. Fuentes próximas a Francina Armengol defendían que la modificación es la única vía para fijar unas “normas de convivencia y un régimen sancionador en caso de incumplirlas”. La modificación incluye la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria y se compromete a “regular el procedimiento para la concesión y renovación de credenciales a los representantes gráficos y literarios de los diferentes medios y fijará los requisitos que resulten exigibles atendida la necesidad de respetar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara”.

 

La reforma contempla como infracciones graves la “grabación de imágenes o audios sin la autorización de la Cámara o fuera de los espacios habilitados”, el “acceso a espacios reservados, como despachos o zonas de reunión”, “interrumpir la orden de las ruedas de prensa u otros encuentros de los miembros de la Cámara con los representantes de los medios de comunicación” y la “publicación en medios y redes sociales de imágenes obtenidas en contra de la normativa aplicable”. Entre las infracciones muy graves, está la “falta de respeto o a las reglas de cortesía enfrente de otras personas en el seno del recinto parlamentario y zonas de acceso a este” o “proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas”. Las infracciones graves se sancionarán con una suspensión de la credencial de entre diez días y tres meses y las infracciones muy graves, con una suspensión de la credencial de entre tres meses y cinco años o con la revocación definitiva de la credencial.

“Sufrimos descalificaciones, insultos y señalamientos por parte de personas que no respetan unas elementales normas de convivencia”

A finales de febrero, decenas de periodistas se manifestaron en las escaleras del Congreso para exigir que se implementen medidas que garanticen que puedan trabajar con garantías. “Los periodistas que trabajamos en el Congreso sufrimos descalificaciones, insultos y señalamientos por parte de personas acreditadas que trabajan al lado de nosotros y no respetan unas elementales normas de convivencia”, denunciaron portavoces de la Asociación de Periodistas Parlamentarios durante la lectura de un comunicado. “Incluso nos amenazan con dar a conocer nuestros domicilios”, añadieron. Y apelaron a las mesas del Congreso y el Senado para que adopten las “medidas necesarias” para evitar “comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo, sin que eso comporte, en absoluto, limitar, restringir o menoscabar el derecho de los medios de comunicación de obtener y difundir información veraz para la ciudadanía”.