El coronel retirado de la Guardia Civil, que fue jefe del cuerpo armado durante el referéndum del 1-O, Diego Pérez de los Cobos, ha puesto en duda este martes el respeto del Gobierno español que dirige Pedro Sánchez por las supuestas amenazas y presiones que se habrían ejercido sobre la Unidad Central Operativa del instituto armado por parte de miembros del Ejecutivo. Según el coronel, estas presiones suponen una "anomalía constitucional" y ponen bajo amenaza la separación de poderes cuando el Ejecutivo utiliza su "autoridad orgánica" sobre los investigadores para intentar "penetrar" en investigaciones judiciales reservadas.
A su parecer, el riesgo es máximo cuando la investigación se aproxima a personas "cercanas al poder", especialmente si el Ejecutivo antepone intereses partidistas al respeto a la separación de poderes. "La investigación la tienen que conocer los agentes, no los que ocupan un despacho más alto", ha comentado durante su intervención en una charla organizada por el Centro de Estudios Universitarios (CEU)-María Cristina, en el marco de los cursos de verano que organiza en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
En mayo de 2020, el titular del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destituyó a Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de Madrid por una "pérdida de confianza" por no haber informado sobre la investigación acerca de la manifestación del 8M de ese año y la posible influencia de esta en la expansión del coronavirus. Pérez de los Cobos ha usado su experiencia para ejemplificar que la certeza de que "quien no informa hacia arriba puede pagar un alto precio" es un mensaje peligroso que evidencia que este conflicto institucional "ha dejado de ser un asunto académico para llegar a los tribunales".
"Durante la investigación de los delitos, la última palabra no la tiene el Gobierno español, la tiene el juez", ha dicho el coronel para lamentar que sea el Ministerio del Interior quien controle la suerte profesional de los agentes, cosa que ha considerado la "grieta" por la que se cuela la "amenaza contra la separación de poderes". Pero también ha expresado su preocupación por la posibilidad de que la presión política venga ya no de fuera, sino desde los mismos cuerpos policiales, cuando el poder consigue "alinear con sus intereses la misma cúpula uniformada". En este escenario, la injerencia se "disfraza de disciplina interna o lealtad institucional", cosa que es, según el coronel, "lo más difícil de combatir". Las presiones, advierte, no hace falta que sean órdenes escritas, sino que, a veces, basta con una "pregunta aparentemente inocente" que consiga acobardar a los agentes. "La investigación la tienen que conocer los agentes, no quien ocupa un despacho más alto", ha dicho.
Dos "gateras" en la nueva LECRIM
En otras ocasiones, dice, la injerencia se disfraza de lealtad institucional bajo fórmulas como "el ministro no se puede enterar por la prensa" o "solo queremos saber el contexto". Para el coronel retirado, se trata de frases peligrosísimas que perforan la reserva judicial reconocida por la Constitución: "Más vale que se entere por la prensa que contaminar la investigación para ahorrarle un susto", ha dicho. Según De los Cobos, esta injerencia del poder se podría acabar legislando a través de "dos gateras" que abriría el artículo 539 de la nueva ley de enjuiciamiento criminal y que permitirían al poder político interferir en aquellas investigaciones sobre las que no pese el secreto de sumario.
"Es una seria amenaza", ha dicho, argumentando que eso desprotege a los agentes y posibilita que se vista como disciplina una revelación de secretos, "que hoy en día es un ilícito penal y que instrumentaliza a la Policía Judicial". "Es un paso atrás que busca lo contrario de lo que debería ser el refuerzo de la independencia judicial", ha sentenciado.