La situación de la caja de la Generalitat es extrema por dos razones: los incumplimientos del Estado español y el hecho de que el Govern esté funcionando con presupuestos prorrogados desde 2017. El vicepresident y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha explicado en declaraciones a ElNacional.cat que eso ha llevado a su Departamento a ordenar ajustes a las conselleries. Dice que se trata de un ejercicio de responsabilidad que se ha tenido que adoptar como consecuencia de la parálisis del gobierno en funciones de Pedro Sánchez.
"Nos encontramos con que desde el mes de febrero el Gobierno no está tomando ninguna decisión", denuncia Aragonés, que alerta que nos podemos encontrar "con una situación de mucha complejidad desde el punto de vista económico en los próximos meses", agravada por la situación de prórroga presupuestaria en Catalunya. Por todo ello, se ha decidido "priorizar el gasto de ahora a final de año". Y eso son "nóminas, proveedores, retorno de lo que queda de la paga extra a los funcionarios y después las políticas sociales: salud, educación, vivienda, programas sociales y programas de seguridad".
Según el vicepresident, el ejecutivo español "no ha actualizado los recursos del modelo de financiación correspondiente a este año 2019". Y eso traducido en cifras significa tener que contar con 874 millones menos "que el gobierno dice que llegarán cuando haya un gobierno que no esté en funciones". Aparte, el máximo responsable de las finanzas de la Generalitat asegura que la reforma que hizo Montoro sobre la gestión de la recaudación del IVA "tiene un impacto negativo en 482 millones". Es decir, sumándolo todo "estamos hablando de unos 1.300 millones de euros de incertidumbre en los ingresos".
Por si no fuera suficiente, a todo eso se añade la prórroga presupuestaria. El gobierno catalán no aprueba presupuestos desde 2017 y el escenario empieza a ser insostenible. "No podemos funcionar con los presupuestos de hace dos años", advierte con contundencia Aragonès. En este sentido señala que no tener nuevas cuentas pone en riesgo el mantenimiento del estado del bienestar.
Por eso, avisa a los partidos de la oposición de que "los ajustes que pueda haber en el futuro" serán "responsabilidad" de las fuerzas políticas que no ayuden a sacar adelante el presupuesto de 2020.