El PDeCAT quiere poner luz y taquígrafos sobre el presupuesto de la monarquía española durante los últimos años. Por este motivo, este jueves planteará a la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas del Congreso de los Diputados una iniciativa para que este órgano fiscalice la actividad de la Casa Real "como mínimo durante la última década", con el foco en los tejemanejes de Juan Carlos I. Una iniciativa similar a la registrada hace un año por ERC y EH Bildu, y que quedó, como era previsible, en papel mojado.

En rueda de prensa desde la cámara baja española, su portavoz Ferran Bel ha asegurado que, si bien el Tribunal Constitucional ha establecido que el jefe del Estado puede distribuir su presupuesto libremente, eso no quiere decir que lo pueda hacer "ilegalmente". Bel ha subrayado que las noticias sobre Juan Carlos I "dejan claro que en el marco global de la actividad de la Casa Real ha habido muchas irregularidades y también regularizaciones fiscales", y por eso habría que investigar si ha habido malversación de fondos públicos durante su reinado.

Por todo eso, el diputado del PDeCAT ha reclamado el apoyo del resto de grupos parlamentarios, asegurando que "este no es un tema en contra de la Corona, sino a favor de la transparencia".

Por otra parte, el portavoz del PDeCAT también ha anunciado una iniciativa para que el gobierno central devuelva a la Generalitat los entre 700 y 750 millones de euros pendientes de la liquidación del IVA de diciembre del 2017. En este sentido, ha recordado la sentencia reciente del Tribunal Supremo que obliga al Gobierno a abonar esta recaudación a Castilla y León.

Iniciativa de ERC y EH Bildu hace un año

Ahora hace un año, en abril del 2020, los grupos de ERC y EH Bildu registraron una iniciativa muy similar en el Senado, que naufragó. Concretamente, las dos formaciones registraron una proposición de ley en el Senado "para que la Casa Real sea objeto de fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas". Sostenían entonces que "el Parlamento español tiene que eliminar la opacidad que rodea los presupuestos de la familia y la Casa Real de manera que la ciudadanía no tenga ningún tipo de duda sobre la gestión responsable y ética del dinero público".

En esta línea, proponían una reforma de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas para que el organismo haga una "fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económica-financiera de la Casa Real".