El PDeCAT ha solicitado en la Audiencia Nacional salir del conocido como caso 3%, la investigación en torno a la supuesta financiación irregular de Convergència a través de licitaciones de obra pública, al haberse extinguido el partido. La formación, que nació en 2016 a raíz de la disolución de Convergència, ha hecho constar en un escrito, al cual ha tenido acceso EFE, que un juzgado del Mercantil de Barcelona declaró "la extinción de la persona jurídica concursada", motivo por el cual ha pedido a la Audiencia Nacional que le archive el caso. El partido, que puso punto final a su trayectoria política en un congreso celebrado el pasado octubre y después de haber sufrido múltiples derrotas electorales, ha argumentado que la resolución del pasado diciembre, por la cual un juez acordó la conclusión del concurso de acreedores, supone la extinción de su eventual responsabilidad penal y civil.

La Fiscalía Anticorrupción, que ya ha remitido su informe al tribunal, discrepa de esta visión, y sostiene que, al margen que se haya hecho la declaración del concurso sin masa, "tiene que ser en la vía penal en la cual se determine, en primer lugar, si existe responsabilidad de CDC y, en segundo lugar, si existen bienes a nombre del PDeCAT que tengan que responder en relación con esta responsabilidad". El informe de Anticorrupción insiste en este sentido en que "una cosa es la extinción del partido político y otra la imputación de sus bienes al resultado, en caso, condenatorio".

El caso del 3% lleva en la Audiencia Nacional desde el 2018 y todavía está pendiente de fecha de juicio, cuando ya ha pasado más de un año desde que el juez, en noviembre del 2022, acordara abrir juicio oral en el PDeCAT y CDC y sus extesoreros Germà Gordó, Daniel Osácar y Andreu Viloca, entre otros. La Fiscalía solicita en esta causa 3 millones de euros en concepto de multa para el PDeCAT y CDC por un delito de blanqueo de capitales, y para los exgerentes de CDC Andreu Viloca y Germà Gordó pide las condenas de prisión más altas, 21 años y 4 meses y 18 años y 10 meses, respectivamente, mientras que para Osácar reclama un año y medio de prisión, sustituible por trabajos en beneficio de la comunidad. En total, tienen que ser juzgadas un total de treinta personas, entre ellas políticos, empresarios y funcionarios de diferentes administraciones e instituciones públicas de Catalunya, y dieciséis personas jurídicas.

Se juzgará si, como sostiene la Fiscalía, entre 2008 y 2015 "altos cargos" de CDC, "en connivencia" con cargos públicos, funcionarios de diferentes administraciones catalanas y empresarios, "pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y de forma encubierta". El fiscal cree que empresarios se concertaron con cargos de CDC para efectuar pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones a través de las fundaciones afines, que a veces estaban "vinculadas" a "contraprestaciones por la adjudicación" de contratos y otras se realizaban para "crear o mantener una buena relación con CDC" y, así, ser tenidos en cuenta para futuros concursos, es decir, para mantener una relación "privilegiada" con el partido y "consagrar su pertenencia a la familia".