La modificación de la Ley de la lengua oficial que prepara el Gobierno de Andorra ha generado discrepancias entre los diferentes actores políticos y económicos del país. La medida, que plantea exigir un nivel mínimo de catalán para poder obtener o renovar el permiso de residencia y trabajo, ha sido recibida con escepticismo por parte de la patronal, que considera que puede ser un freno a la llegada de mano de obra. Según informa el Diario de Andorra, la CEA, a la Confederación Empresarial Andorrana, ha manifestado que comparte la desazón por el incremento de trabajadores que no atienden en la lengua oficial, pero también ha pedido que la medida se aplique de manera que no sea un "freno para encontrar mano de obra".

En este sentido, la propuesta de la CEA es que el requisito no sea para la primera autorización de Inmigración, sino a partir de la primera renovación, que se pide al cabo de un año instalarse en el país. Si la exigencia se hace desde el principio, la CEA considera que sí que puede ser un freno a la hora de encontrar mano de obra.

La opinión es compartida por la Unión Hotelera, que representa el sector turístico. Su director, Jordi Pujol, ha afirmado que "nos parece bien y lógico que se exija un mínimo de catalán", y que "eso ayudará a tener un servicio de calidad". No obstante, Pujol también ha añadido que "sería mejor hacerlo en la primera renovación, porque si no se puede convertir en un filtro para que solo vengan catalanes". En este sentido, ha dejado claro que "lo más importante es la formación". En una línea similar se ha expresado el portavoz de la asociación Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, quien ha afirmado que "estamos de acuerdo en que se exija un nivel mínimo", niega que eso sea un problema para la llegada de trabajadores. "No será un freno para la llegada de trabajadores, pero se tiene que garantizar la formación", ha dicho.

Por la vertiente política, tanto Concordia como el PS defienden la medida. Desde Concordia presta especial atención en el hecho que "proteger el catalán es proteger la identidad andorrana", y consideran que se tiene que conseguir hacer efectiva la ley aplicando, por ejemplo, más sanciones cuando se detecten incumplimientos en letreros o menús de los restaurantes. La consellera socialdemócrata Susanna Vela dejó claro que "no será culpa de eso el problema de la mano de obra, sino de los salarios insuficientes y de los precios de la vivienda". En este sentido, ha añadido que "si queremos ofrecer calidad, también pasa para que la gente esté formada", y consideró que "se exige un nivel mínimo, pero el objetivo tiene que ser que los empresarios también lo vean como un incentivo y motivar a los trabajadores a seguir aprendiendo".

El plan de Andorra: exigir un nivel A2 de catalán a los nuevos residentes

A partir del 2024, las personas que quieran obtener o renovar el permiso de residencia en Andorra tendrán que acreditar un conocimiento mínimo de catalán. El gobierno andorrano prepara una nueva ley de la Lengua Oficial donde se incluirá la obligatoriedad de tener nociones básicas de catalán. El mismo ejecutivo andorrano ha remarcado en declaraciones en Segre que el nivel exigido será "muy básico". Concretamente, se pedirá un nivel inferior al A2. Quien no pueda acreditar este nivel podrá hacer un curso de 30 horas en cualquier centro acreditado al país. 

La nueva regulación implica varios ministerios: Cultural, Educación e interior. Todo ello porque la nueva ley de la Lengua Oficial compuerta reformas también en la ley de Inmigración. La nueva legislación busca que todos los residentes en Andorra pueda expresarse, mínimamente, en catalán. Se calcula que unas 3.000 personas renovarán sus permisos de residencia el año que viene y tendrán que cumplir este nuevo requisito.