El Parlament será hoy el escenario del tan anunciado choque entre el Govern de la Generalitat y el Estado. El pleno de la Cámara aprobará esta mañana la Ley del Referéndum, una vez la aprobación quede recogida en el Diario Oficial de la Generalitat, el Govern se reunirá en el mismo Parlament para firmar de manera colegiada el decreto de convocatoria del 1-O. Dentro del hemiciclo, sin embargo, continuará el trabajo, ya que la voluntad es aprobar también la Sindicatura Electoral, responsable de supervisar que el referéndum se hace con todas las garantías e integrada por cinco miembros, y la ley de Transitoriedad y Fundacional de la República. Todo, sabiendo que tan pronto como la ley de Referéndum salga del cajón, el ejecutivo de Mariano Rajoy activará todo el arsenal de respuestas posibles de las que dispone el Estado.

Horas antes de la reunión de este pleno trascendental, el Tribunal de Cuentas ha citado para el 25 de septiembre -una semana antes del referéndum- a once altos cargos del Govern que impulsaron la consulta del 9-N, encabezados por el expresident Artur Mas, para reclamarles el pago de la fianza que se les impone por aquella convocatoria a urnas. Esta fianza se podría cifrar en 5,2 millones de euros, que es lo que se calcula que costó el 9-N al Govern, y en caso de que no la puedan hacer efectiva se les embargará su patrimonio personal.

En el momento en que se conoció la notificación, estaban reunidos en el Palau de la Generalitat el president, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, el conseller de Presidència, Jordi Turull, y el expresident Artur Mas con los responsables de la ANC, Jordi Sànchez, y Òmnium, Jordi Cuixart. El objetivo del encuentro era analizar la situación que se generará en el pleno de mañana y la respuesta que provocará desde el Estado, pero sirvió para responder de manera inmediata a la comunicación del Tribunal.

Puigdemont y Junqueras comparecieron juntos -por segunda vez esta semana- para acusar al ejecutivo de Mariano Rajoy de hacer saltar por los aires los cimientos del estado de derecho y para dejar claro que "la estrategia del miedo", de la cual responsabilizan al ejecutivo español, no conseguirá detener el referéndum. Las entidades anunciaron de manera inmediata que activaban de nuevo la recogida de fondos para hacer frente al pago de la fianza.

El del Tribunal de Cuentas no era el primer aviso del día. El Govern había abordado al mediodía en su habitual reunión de los martes el escenario al que hará frente hoy el ejecutivo y las amenazas que el Estado ha puesto ya sobre la mesa. A la misma hora, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dejaba claro en el acto de apertura del año judicial y ante el Rey que el ministerio fiscal actuará de manera "firme y enérgica" para preservar las instituciones del Estado de derecho y la "patria común e indivisible de todos los españoles".

Desarrollo del pleno

El pleno empezará a las diez de la mañana como es habitual, con la sesión de control al Govern y, acto seguido, al president. Una hora antes, sin embargo, se habrá reunido la Mesa del Parlament. La previsión es que una vez acaben las preguntas a Puigdemont, el presidente del grupo de JxSí, Lluís Corominas, pida la palabra para reclamar una modificación en el orden del día del pleno, con el apoyo de la CUP.

Los diputados independentistas apelarán al artículo 81.3 del Reglamento que prevé la posibilidad, a petición de dos grupos, de incluir modificaciones en el orden del día del pleno. Este mismo artículo contempla igualmente la possibilidad de incorporar al debate, con el voto de la mayoría absoluta de los diputados, puntos que no hayan superado todos los trámites parlamentarios previstos.

Eso abrirá la puerta del hemiciclo a la ley del referéndum. No obstante, la admisión a trámite de la ley y la incorporación en el orden del día será suficiente para que se active la posibilidad de que actúe el Tribunal Constitucional, que puede proceder, en función de la reciente reforma de la ley orgánica que regula su funcionamiento, a suspender a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa que incumplan la suspensión que decretó este tribunal sobre la hoja de ruta del procés contenido en la declaración del 9-N del 2016.

El TC ha mostrado las reticencias a utilizar esta posibilidad, por lo cual, podría ser el abogado del Estado quien lo emplazara a actuar. El alto tribunal dispone de un amplio abanico de posibilidades de respuesta, que van desde un aviso para recordar a los miembros de la Mesa su obligación de no emprender ninguna actuación que afecte al despliegue del proceso hasta la suspensión de cargos y las multas económicas de entre 6.000 y 30.000 euros.

En este punto, se podría plantear a la presidenta y al resto de miembros de la Mesa la disyuntiva tantas veces apuntada sobre acatar o no las decisiones del TC.

En caso de que Forcadell y los miembros independentistas de la Mesa se vean suspendidos de sus funciones, y estos acaten la decisión, la presidencia podría quedar en manos del vicepresidente segundo, José María Espejo Saavedra, que podría decidir levantar el pleno. Eso es, sin embargo, uno de los muchos escenarios que se han dibujado y que esta mañana habrán quedado desvelados.

Lo que sí está claro es que si, después de utilizar todas las posibilidades que ofrece el reglamento para frenar el debate de este texto, finalmente la ley del referéndum llega a votarse, los diputados de Ciudadanos, PSC y PP abandonarán el pleno, CSQP no ha dejado claro cuál será su postura, aunque los diputados de Podem han indicado que se abstendrán. 

Esta mañana, el Parlament se dispone a cruzar el Rubicón y a penetrar más que nunca en aquel territorio que el expresident Mas describió al comenzar el procés como terreno desconocido.