El Parlament de Catalunya ha dado luz verde este miércoles al decreto ley 23/2025, que regula las necesidades financieras del sector público en un contexto de prórroga presupuestaria. La iniciativa del Govern, defendida por la consellera de Economía, Alícia Romero, ha salido adelante con los votos favorables del PSC, ERC y los Comuns. Junts y la CUP se han abstenido, mientras que el resto de grupos han votado en contra. La norma permite al ejecutivo autorizar operaciones de endeudamiento, conceder avales y otras garantías que se consideren imprescindibles para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos. Durante el debate, Romero ha subrayado que el decreto asegura la continuidad de avales, garantías, financiación y endeudamiento de diversas entidades, así como la actualización de las retribuciones del sector público y de las pensiones, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo. La última vez que se aprobaron unos presupuestos fueron los de 2023, con la consellera de ERC, Natàlia Mas, mientras que los últimos que lo hicieron en tiempo y forma fue en 2022, con el conseller Jaume Giró.
Aval d'ERC i els Comuns
El diputado de ERC Albert Salvadó ha reprochado tanto al PSC como al PSOE las dificultades para cumplir los compromisos adquiridos. Asimismo, ha vuelto a exigir la aprobación en el Congreso de la ley que permitiría a Catalunya gestionar la totalidad de los impuestos, una condición que ERC pone sobre la mesa para negociar los presupuestos catalanes a pesasr de haber llegado ya a un acuerdo sobre el modelo de financiación. Aunque la intención del Govern era presentar este mes de enero los presupuestos -antes de la crisis de movilidad-, los republicanos mantienen que sin aprobar la ley que tienen registrada en el Congreso que permite a la Generalitat recaudar el 100% del IRPF no se sentarán a negociar las cuentas de la Generalitat.
Por su parte, el portavoz de los Comuns, David Cid, ha afirmado que Catalunya necesita presupuestos, pero también un Govern que cumpla los acuerdos pendientes. En este sentido, ha advertido que los Comuns no entrarán a negociar las cuentas hasta que el ejecutivo cumpla los compromisos del 2025 y ejecute los suplementos de crédito previstos. Los Comuns, de hecho, hacen referencia a hacer cumplir el régimen sancionador contra las empresas que incumplen el tope del alquiler.
Junts carga contra la falta de presupuestos
Desde Junts, el diputado Joan Canadell ha cuestionado el decreto y ha cargado especialmente contra el hecho de que el Govern todavía no haya presentado unos presupuestos. Canadell ha acusado al ejecutivo de Salvador Illa de conducir Catalunya hacia una “españolización” y ha reclamado que se lleven las cuentas al Parlament para debatirlas y negociarlas. Además, ha advertido de que, si el Govern quiere el apoyo de Junts, señalando que “el tripartito hace aguas”, deberá reducir la presión fiscal y presentar unos presupuestos con un modelo moderado y alejado del populismo. La diputada de la CUP Laure Vega ha justificado su oposición al decreto asegurando que la prórroga y el estancamiento de las políticas acaban deteriorándose y favoreciendo a la extrema derecha.
El decreto, estructurado en cuatro artículos, también contempla el aumento salarial del personal funcionario para los años 2025 y 2026, así como la actualización de las pensiones reconocidas por ley. Igualmente, fija el indicador de renta de suficiencia de Catalunya en 9.622,18 euros anuales, con efectos desde el 1 de enero de este año. Ningún grupo parlamentario ha solicitado que el decreto se tramite como proyecto de ley.