Junts pel Sí y la CUP fijaron finales de esta semana o principios de la próxima como el momento para debatir las consecuencias del referéndum. Finalmente, será el próximo lunes. Así lo ha acordado la mayoría independentista este miércoles, durante la reunión de la Junta de Portavoces, una decisión que la Mesa ha ratificado. Por ahora, el único punto de la orden día de este pleno es la comparecencia del presidente Carles Puigdemont ante la cámara, una petición que ha sido registrada este mismo miércoles.

De esta forma, el pleno está convocado para el lunes 9 de octubre a las diez de la mañana. El presidente intervendrá por un tiempo ilimitado y después cada grupo parlamentario tendrá diez minutos, como establece el reglamento del Parlament. Si Puigdemont abriera un nuevo turno de palabra, todos los grupos tendrían tiempo de réplica.

Desde Junts pel Sí no se ha concretado más sobre el contenido del pleno. Fuentes del grupo parlamentario han confirmado que el día escogido es el lunes 9 de octubre, pero han explicado que el contenido de la comparecencia sólo lo conoce el presidente, que será quien determinará cómo se aplicarán los resultados de las urnas del 1 de octubre.

La CUP ha ido mucho más allá y ha asegurado el pleno servirá para valorar los resultados del referéndum del referéndum del 1-O y "materializar las consecuencias", a través de una declaración de independencia. "Será un pleno de proclamación de la república catalana", ha afirmado la cupaire Mireia Boya, que ha dicho que están discutiendo los términos de la declaración con JxSí.

El artículo 4 de la ley del referéndum prevé, en caso de una victoria del 'sí' en el referéndum, que el Parlament celebre "una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente ".

Advertencia de los letrados

El secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, han hecho llegar a la Mesa un escrito donde advierten sus miembros que tienen el "deber impedir o paralizar" cualquier iniciativa relacionada con la declaración de la independencia. Han recordado que "la tramitación y eventual aprobación de una declaración" estaría "afectada" por las sentencias del Tribunal Constitucional que suspendieron las ley del referéndum y de transitoriedad jurídica.