El Parlament de Catalunya ha dado luz verde al decreto que el Govern aprobó el 30 de septiembre con el objetivo de anular los cobros indebidos que afectaban a jóvenes extutelados. La iniciativa ha recibido el apoyo de la mayoría de grupos, mientras que Vox, el PPC y Aliança Catalana han votado en contra. Esta medida pretende aliviar la situación económica de las personas beneficiarias de la prestación que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha remarcado que el decreto no es solo una cuestión de dinero, sino un acto de “justicia social”. Según ha explicado, forma parte del proceso de transformación que el Govern está impulsando para mejorar la atención a la infancia y la adolescencia y para modernizar la gestión de las prestaciones sociales. También ha asegurado que el problema de los pagos indebidos está “casi solucionado”
El texto aprobado establece que la Generalitat renunciará a reclamar las cantidades que aún no hayan sido devueltas por aquellos jóvenes que acrediten una situación de vulnerabilidad. Se incluyen, por ejemplo, las personas que reciben el ingreso mínimo vital, la renta garantizada de ciudadanía o algún complemento asociado, así como aquellas que durante 2024 hayan tenido unos ingresos inferiores al doble del salario mínimo interprofesional. El decreto también prevé los mecanismos para verificar la documentación que justifique estos requisitos.
Falta de recursos técnicos
Martínez ha atribuido el origen de los cobros indebidos a la falta de recursos técnicos y humanos y a un sistema administrativo que considera “antiguo e ineficiente”. Ha recordado que esta situación genera angustia tanto a los jóvenes que reciben reclamaciones como al personal funcionario que, por ley, está obligado a exigir el retorno del dinero. A pesar de ello, la consellera ha reiterado que el conflicto está “prácticamente resuelto” y ha subrayado que, desde el 1 de noviembre, la Dirección General de Prestaciones Sociales gestiona íntegramente las ayudas destinadas a los extutelados. “Ya se está aplicando la solución”, ha dicho, insistiendo en que “no pueden ser los jóvenes más vulnerables quienes paguen las consecuencias”.
Aunque la consellera no ha concretado qué cantidad se pagó indebidamente a jóvenes extutelados, en su comparecencia en la cámara catalana hace unos meses, la consellera habló de 4,7 millones de euros. Que los pagos sean indebidos se debe en la mayor parte de los casos, un 85%, según informó la consellera al Parlament, a que los jóvenes beneficiarios habrían iniciado una actividad laboral y habría habido una dilación a la hora de ajustar la cuantía de la prestación a sus nuevas circunstancias.
Desde la oposición, la diputada del PPC Lorena Roldán ha criticado el decreto, que ha calificado de “prueba de un fracaso” y de admisión de una mala gestión por parte del Govern. “Se nos pide renunciar a recuperar este dinero. ¿Quién asumirá la responsabilidad?”, ha cuestionado. Por su parte, las diputadas María Elisa García (Vox) y Sílvia Orriols (Aliança Catalana) han vuelto a defender la deportación de los menores tutelados. “Lo único que se debería pagar es el billete de vuelta”, ha afirmado García.
La comisión de la DGAIA acuerda las comparecencias
La comisión del Parlament que investiga la actividad de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) entre 2011 y 2025 ha citado a comparecer a la consejera de Drets Socials e Inclusió, Mònica Martínez Bravo, así como a los exconsejeros Josep Lluís Cleries, Neus Munté, Dolors Bassa, Chakir el Homrani, Violant Cervera y Carles Campuzano. Al igual que con los consejeros, también comparecerán los secretarios y directores generales de la dirección general durante este período. Constituida en octubre, la comisión también ha citado a entidades y expertos hasta alcanzar una cincuentena de comparecientes. El pleno del Parlament aprobó en julio por unanimidad la creación de la comisión a propuesta del PSC-Units, ERC y los Comuns, con un texto transaccionado con Junts.