El Govern ha aprobado un decreto ley este martes para hacer efectiva la condonación de los pagos indebidos de la extinta DGAIA a jóvenes extutelados. La consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, ya había anunciado en el Parlament que el ejecutivo estudiaba fórmulas para hacer posible esta condonación y evitar que fueran los más vulnerables quienes pagaran las consecuencias del error de la DGAIA.
El decreto, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), deberá ser ratificado en el Parlament, pero ha sido pactado con ERC y Comuns, por lo que tiene la aprobación asegurada. El decreto concreta que no se exigirá la devolución del dinero a los jóvenes que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
El Govern no ha concretado qué cantidad se pagó indebidamente a jóvenes extutelados, pero en su comparecencia, la consejera habló de 4,7 millones de euros. Que los pagos sean indebidos se debe en la mayor parte de los casos, un 85%, según informó la consejera en el Parlament, al hecho de que los jóvenes beneficiarios habrían iniciado una actividad laboral y habría habido una dilación a la hora de ajustar la cuantía de la prestación a sus nuevas circunstancias.
Fiscalía
Los pagos a los jóvenes extutelados son solo una parte de las irregularidades detectadas por la Sindicatura de Comptes, que elevaría a 167 millones el dinero pagado indebidamente entre 2016 y 2022 por la antigua DGAIA. Precisamente, según ha avanzado ElNacional.cat, la Fiscalía ha pedido al Tribunal de Cuentas que abra una investigación para aclarar "una posible responsabilidad contable" por los pagos indebidos.
La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que ha admitido que el ejecutivo no puede concretar en estos momentos la cantidad económica que se ha visto afectada, ha subrayado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, que el informe de la Sindicatura que alertó sobre este tema corresponde a unos años anteriores. "Lo que vemos es una fotografía de un momento concreto que no es el actual", ha destacado, además de recordar que la consejera encargó una auditoría para buscar "caminos de mejora".
En cualquier caso, ha subrayado que no se trata de irregularidades sino de pagos indebidos, de prestaciones que se han pagado a personas que inicialmente cumplían los requisitos para ser beneficiarios, pero que sus circunstancias cambian sin que la administración tenga la capacidad de hacer un "seguimiento cuidadoso de este cambio de situación", según Paneque, que ha atribuido este error a cuestiones tecnológicas.
En cualquier caso, ha asegurado que el objetivo es resarcir el 90% de los fondos, y que solo quedarán fuera de esta exigencia las personas que por una situación de vulnerabilidad no pueden devolver los recursos.