La Mesa del Parlament ha acordado este martes trasladar en la Fiscalía la amenaza de que un empresario hizo al presidente al exilio, Carles Puigdemont, para el cual ofreció 100.000 euros a quien lo secuestrara.
La decisión se ha tomado con los votos a favor de JxCat y ERC y la negativa de Cs y el PSC, han informado fuentes parlamentarias en la ACN, y aunque los letrados de la cámara habían desaconsejado dar este paso. En un informe, concluían que el reglamento no prevé garantizar protección jurídica a los diputados. El empresario que lanzó la amenaza, al saber que Puigdemont había pedido amparo a la Mesa del Parlamento, dobló su oferta hasta los 200.000 euros para quien secuestre al expresidente.
Puigdemont había pedido por carta en la Mesa que le ofreciera amparo legal "como miembro del Parlamento" después de que Gerard Bellalta, un empresario vinculado a la extrema derecha, ofreciera una recompensa a quien lo secuestrara.
Gente que amenaza con cometer un delito y sabe que no le pasará nada porque lo hace para|por España. Las amenazas permanentes que recibo no tienen nunca consecuencias. A lo encara ministro Borrell se le gira trabajo: como hacer entender que eso es una señal de democracia llena. https://t.co/n8nTKgpJ5A
— Carles Puigdemont (@KRLS) 30 de marzo de 2019
No obstante, los servicios jurídicos elaboraron una nota firmada por letrado mayor, Joan Ridao, que sostiene que el reglamento de la cámara no regula "ningún derecho ni ningún mecanismo específico que prevea la actuación de la cámara para garantizar ad extra tanto la protección jurídica como el ejercicio de las prerrogativas de sus miembros".
El escrito jurídico también señala que en el marco de los trabajos para reformar el reglamento "se han planteado algunas propuestas orientadas a prever esta posibilidad".