Los desahucios de personas o familias en situación de vulnerabilidad quedarán suspendidos en caso de pisos propiedad de grandes tenedores o entidades bancarias hasta que estos ofrezcen un alquiler social a los afectados. Así lo establece un decreto aprobado hoy por el Govern que será vigente mientras dure el estado de alarma y que también incluye supuestos de suspensión transitoria de los desahucios de familias de pisos ocupados.

Los colectivos considerados como vulnerables son: las familias en situación de vulnerabilidad acreditada ya antes de la pandemia de la covid-19; las que ocupan un piso donde viven desde antes de junio de los 2019 sin título de habilitado; los casos de extinción de contrato de alquiler con un gran tenedor y las personas vulnerables con dificultad para pagar las cuotas hipotecarias.

Asimismo, el decreto incluye también en la exclusión de desahucio durante el estado de alarma y de manera "excepcional" a personas o familias que han ocupado un piso de un gran tenedor entre julio del 2019 y el inicio del actual estado de alarma, si cumplen los requisitos de vulnerabilidad.

En caso de que los Mossos o las policías locales reciban una denuncia reclamando medidas cautelares de desocupación de familias con riesgo de exclusión residencial, tendrán que solicitar un informe urgente a los servicios sociales y comunicar la petición al Ministerio Fiscal.

El Govern ha aprobado este decreto después de las protestas provocadas la semana pasada a raíz del desalojo por parte de los Mossos de una familia con tres niños pequeños una hora antes del inicio del toque de queda. La familia había reocupado la casa en Barcelona poco después de ser desahuciados.

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