El Parlament ha contestado a la Junta Electoral Central (JEC) que ha presentado un recurso en el Tribunal Supremo para pedir que no se retire el escaño de la presidenta de Junts, Laura Borràs. El Parlament, a través de un escrito enviado este lunes, informa de que han pedido al Supremo que, como medida cautelar, suspenda la decisión de la JEC hasta que se resuelva el caso. La JEC dio cinco días a Alba Vergés para que informara de los motivos por los cuales no se había retirado el acto de diputada a Borràs después de la denuncia de Ciutadans. El órgano administrativo tiene previsto reunirse este jueves a las 16:30 horas y podría tomar una decisión sobre el caso.
Vulneración del derecho a la participación política de Borràs
El escrito del Parlament está firmado por el letrado mayor, Miquel Palomares, y los letrados Antoni Bayona y Jan Sarsanedas, y defienden que el Parlament "no ha tomado ninguna decisión que muestre la voluntad de oponerse, y mucho menos impedir, la efectividad del acuerdo de la JEC" de retirar el escaño a Borràs. Aparte, también apuntan que la decisión de la Junta Electoral es "un acto administrativo", y, por lo tanto, están pendientes de que el Supremo decida sobre las medidas cautelares que han presentado sobre el caso.
La cámara catalana argumenta que la ejecución inmediata del acuerdo de la JEC "vulneraría el derecho a tutela judicial efectiva y también otro derecho fundamental como es el derecho a la participación política". Además, defienden que si se retira el escaño a Borràs "se impediría definitivamente e irreversiblemente su derecho a la participación política". Sin embargo, recuerdan que desde el 28 de julio, está suspendida de sus funciones de diputada y presidenta de la cámara. En las alegaciones a la JEC, los letrados del Parlament argumentan que, aunque en el caso del exdiputado de la CUP, Pau Juvillà, el TS optó por no parar la decisión mientras seguía pendiente el recurso, "este no es el único criterio mantenido por el Tribunal Supremo". Así pues, recuerdan que en otros casos el TS ha optado por suspender la ejecución de una decisión administrativa para poder garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva del interesado.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha condenado a Borràs a 4 años y medio de prisión y 13 años de inhabilitación a cargo público y pagar una multa de 36.000 euros al considerarla autora de un delito de prevaricación y otro con falsedad documental por su gestión cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre los años 2013 en el 2017. Con todo, Borràs ha recurrido esta decisión al Tribunal Supremo para pedir que se dicte una nueva sentencia "absolviendo Borràs de los delitos por los cuales viene inicialmente condenada".
Sanciones contra Alba Vergés
En su denuncia, Ciutadans también había pedido a la JEC iniciar un proceso sancionador contra Alba Vergés y la Mesa por su decisión de trasladar al pleno la propuesta de interponer un recurso contra el acuerdo de la JEC y solicitar medidas cautelares. El Parlament argumenta que la solicitud de Cs es improcedente porque "la generalidad e inconcreción del escrito impiden iniciar un procedimiento sancionador" y porque el escrito carece, a su juicio, de la más mínima concreción, rigor y base legal.