Los letrados del Parlament estudiarán posibles acciones penales contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por no haber autorizado la salida de prisión del candidato Jordi Sànchez para el debate de investidura de este lunes. Así lo ha acordado la Mesa este martes, después de más de tres horas de reunión. Entre estas posibles acciones penales, que se presentarían en nombre de la institución, hay una querella por prevaricación.

Según han explicado fuentes parlamentarias al acabar el largo encuentro, este estudios de acciones penales ha tirado adelante con los votos de la mayoría independentista en el órgano, y con el apoyo político de la CUP, que tiene voz pero no voto. Los servicios jurídicos de la cámara estudiarán cuál es la mejor manera de proceder, tanto en el fondo como en la forma.

La mayoría parlamentaria considera que se deben  emprender acciones legales en nombre de la institución porque, con el impedimento de la asistencia del candidato a la investidura, se han alterado sus funciones.

El grupo de JxCat ya anunció la semana pasada que, si Llarena no lo permitiría, estudiaría la presentación de una querella por prevaricación contra el magistrado del Tribunal Supremo.

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