Que las naciones reconocidas constitucionalmente, con capacidad legislativa y lengua propia puedan tener voz y voto en la toma de decisiones de la Unión Europea. Esta es la propuesta de que el lehendakari Íñigo Urkullu -que no optará a la reelección de este cargo en las elecciones de este año en el País Vasco- ha trasladado a las eurocomisarias Dubravka Šuica y Elisa Ferreira, en el marco de su viaje institucional a la capital belga. También le ha comunicado los detalles al president de la Generalitat, Pere Aragonès, con quien se ha reunido este miércoles en el Parlamento Europeo, horas antes que los dos participen en el caucus para la autodeterminación, donde defenderán este derecho de los pueblos. El presidente catalán ha manifestado a la salida de la reunión que Urkullu cuenta con el apoyo de Catalunya en esta propuesta.

Acercar Europa y sus instituciones a la ciudadanía

Durante su reunión, Urkullu ha explicado en Aragonès el documento protocolo que entregó ayer a las eurocomisarias, con quienes también se reunió el presidente de la Generalitat en otros encuentros, para la creación de una comisión permanente que reúna "territorios y nacionalidades constitucionales". Tanto Euskadi como Catalunya cumplen con los requisitos planteados por el lehendakari. Según el líder jeltzale, esta propuesta ayudaría a contribuir a fomentar una "Europa más cercana a la ciudadanía", ya que permitiría en este tipo de territorios tener voz y voto en las decisiones que los afectan. En la misma línea, Urkullu también ha aprovechado para reclamar a la salida de la reunión con Aragonès que el catalán, el vasco y el gallego sean oficiales a las instituciones europeas, tal como se comprometió el Gobierno. De momento, sin embargo, la oficialidad se encuentra congelada, ya que es una decisión que tienen que tomar los estados miembros por unanimidad y todavía hay países que se oponen a ello por, entre otros motivos, el coste económico que podría suponer.

Aparte de compartir esta iniciativa, Aragonès y Urkullu también han compartido problemáticas compartidas como la gestión de los fondos europeos. A la salida de la reunión, Aragonès ha asegurado que los dos presidentes "han constatado la necesidad de que haya PERTE regionales en el ámbito de la industria y existe el compromiso de los dos gobiernos para avanzar en este sentido". También se ha puesto sobre la mesa el traspaso de competencias, incluidas las de la inmigración que en las últimas semanas ha sido polémica, así o el ingreso mínimo vital, que ya se traspasó al gobierno vasco meses atrás.