Lluvia de reproches y acusaciones contra la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, en el Parlament donde ha comparecido para dar explicaciones sobre el caos registrado este sábado en el proceso de oposiciones para estabilizar personal de la Generalitat. La víspera de comparecer la consellera ya había anunciado que se tendrán que repetir todos los exámenes, además de responsabilizar a la empresa encargada del proceso, Cegos. Acto seguido, la respuesta de la empresa fue hacer público el contrato firmado con el Govern y denunciar retrasos y errores en la información por parte de la conselleria que desembocaron en el caos. "De momento no le pedimos la dimisión, pero realmente, se lo merece", ha advertido el PSC, mientras Junts ha apuntado también a la cabeza de la consellera y la CUP y Vox han pedido su dimisión sin ambages. Solo ERC ha defendido la continuidad de Vilagrà ante la respuesta al caos, mientras Juan Carlos Gallego de los comunes ha apuntado que no era momento de hablar de dimisiones.

La consellera ha abierto su intervención con palabras de disculpa hacia las 13.534 personas que se presentaban al proceso de oposiciones. "Lamentamos profundamente las incidencias inadmisibles del sábado pasado. Las oposiciones son sagradas", ha asegurado. Inmediatamente, sin embargo, ha dejado claro que no tiene ninguna intención de dimitir, ha asegurado que no es "de las que se marcha cuando hay problemas", que no es la primera vez que tropieza con una crisis de estas dimensiones, que ya ha tenido que sortearlas como alcaldesa, y que se encontrarán soluciones. "La primera disgustada soy yo misma y mi equipo", ha asegurado.

Después de repasar las 3.847 denuncias recibidas en la web activada por la Generalitat, la consellera ha concluido que la afectación de los exámenes es total, que ha roto la confianza en el proceso y ha obligado a anular todas las convocatorias. "Es una decisión difícil de tomar, pero lo teníamos que hacer", ha asegurado. A partir de aquí, ha concentrado las críticas en la empresa, Cegos, de la cual ha recordado que ya había trabajado previamente para el Govern y a quien ha acusado de incumplimiento flagrante. Vilagrà ha reclamado que la empresa asuma su responsabilidad, al igual que lo ha hecho el ejecutivo, que esta semana hizo cesar a la directora general de Función Pública.

Indemnización de un millón como mínimo

La consellera ha denunciado que "la empresa ha incumplido gravemente el contrato", que después de analizar los pliegos contractuales se ha decidido rescindir el contrato con ella, y que se analizan todos los daños causados a las personas opositoras y a la administración, por los cuales se pedirá una indemnización de como mínimo un millón de euros. "Entiendo que la empresa esté preocupada e intente defenderse, pero es injustificado", ha remachado argumentando que Cegos "se juega según cómo vaya no poder trabajar nunca más con la administración" y "por eso se defiende con uñas y dientes".

Vilagrà ha asegurado que se ha puesto en marcha un oficio de responsabilidad patrimonial para compensar los posibles daños y perjuicios a los aspirantes, ha garantizado que el objetivo del Govern es "reparar la situación" creada a pesar de ser conscientes que "no se puede devolver todo el daño producido". "Sabemos que han sufrido un agravio intolerable, pero en menos de una semana hemos cogido la situación, hemos tomado medidas", ha argumentado

PSC: "Incompetente"

Desde el PSC Marta Moreta ha cargado contra la consellera y contra la intervención pública que protagonizó ayer responsabilizando a la empresa. "Estamos indignados, enfadados, decepcionados de su actitud y prepotencia. Qué falta de respeto. Eso es una auténtica vergüenza. Es impresentable, consellera", ha denunciado.

Moreta ha preguntado por qué "se ha privatizado casi todo" en este proceso de oposiciones. "Es la primera vez a la historia que se ha hecho una externalización de este alcance. Es importante tener claro quién toma la decisión", ha pedido. La diputada socialista ha advertido que su grupo no se detendrá para saber qué ha pasado, cuántos contratos se han hecho como estos y a cuántos procesos afecta. "Puede asegurarnos que ha cumplido todas sus obligaciones. Eso también acabará en los tribunales. No puede limitarse a cargar la responsabilidad en la empresa, porque la responsabilidad es de ustedes", ha advertido.

La diputada ha recordado que la decisión sobre la externalización del proceso se adoptó siete meses antes del nombramiento de la directora general que se ha hecho dimitir, por lo cual ha concluido que el cese de esta es "una operación de maquillaje que no se cree nadie y es del todo insuficiente". "Ojo con no estar a la altura, de momento no lo ha estado. Su falta de capacidad demuestra su incompetencia. De momento no le pedimos la dimisión, pero realmente, se lo merece", ha concluido.

Junts reclama consecuencias

La diputada de Junts, Glòria Freixa, que ha subrayado el sacrificio personal y familiar que representa someterse a un proceso de oposiciones de estas características, ha denunciado que nunca había pasado una situación como esta en la Generalitat; ha reprochado que la conselleria había sido advertida por los sindicatos y por la Síndica de Greuges y ha mostrado las reticencias ante las explicaciones del Govern. "Ustedes el primero que han hecho ha sido echar pelotas fuera, la primera comparecencia es para responsabilizar a la empresa en que han externalizado", ha reprochado.

A pesar de no pedir abiertamente la dimisión de la consellera, Freixa ha reclamando "las reflexiones internas sobre qué tienen que hacer en este caso" y que cuando hay problemas en los trenes de Rodalies, ERC no pide la dimisión del director general de Renfe sino del ministro del ramo. "La empresa ha dado la cara, ha publicado el contrato. Tenemos dos informaciones, la que nos da usted y la de la empresa, que denuncia carencias de espacio, que hay correos avisando y que no recibieron respuesta; que los modelos de examen llegaron con retraso, algunos el día antes, cuando tenían que llegar con una semana de antelación", ha enumerado la diputada de Junts antes de preguntar: "Qué consecuencias tendrá la repetición de este examen?".

"Rectifique o renuncie"

Vox ha sido la primera fuerza que ha pedido abiertamente la dimisión de la consellera. También lo ha hecho Basha Changue de la CUP, que ha señalado la situación que se produjo este fin de semana como la "punta del iceberg de un proceso de estabilización nefasto", del cual, ha denunciado que muchos trabajadores se han visto excluidos. "Rectifique o renuncie, consellera," ha advertido, recordando que el sindicato IAC-CATAC ha pedido su dimisión y la de la secretaria general de Función Pública. De hecho, Changue, que se ha tenido que marchar antes de acabar la comisión, ha leído íntegra la nota que hizo pública este síndica, lo cual ha provocado que Vilagrà dedicara a esta formación la respuesta más contundente, ya en ausencia de la diputada: "CUP mucho ruido para nada, mucha retórica por poco trabajo. La demagogia es importante para este grupo", ha reprochado.

Juan Carlos Gallego, de los comunes, han lamentado que la consellera hiciera pública la decisión sobre la repetición de los exámenes antes de comparecer y ha enmarcado la situación en un problema de descrédito del Govern, y problemas administrativos y laborales. Gallego se ha mostrado indignado por lo que ha pasado, pero ha valorado que "se ha actuado con celeridad", y ha apuntado que la "responsabilidad política que tiene que asumir la administración no es empezar a discutir si tiene que haber más dimisiones" sino solucionar el problema. "Hace falta que recuperemos la confianza en el funcionamiento de la administración", ha reclamado.

Desde Ciutadans, Nacho Martín Blanco ha advertido que la empresa Cegos puede aparecer como "chivo expiatorio", por lo cual ha advertido sobre las responsabilidades del ejecutivo.

ERC: "Está capacitada"

Solo el diputado de ERC Jordi Albert ha defendido abiertamente a la consellera. Albert ha atribuido a un análisis autocrítico el cese de la directora general de Función Pública. El diputado ha remachado en las acusaciones contra la empresa y ha atribuido la respuesta de esta señalando al Govern a la necesidad de defenderse ante un proceso judicial. "En qué mundo creemos que vivimos. Piensan que no tiene sentido esta carta por el proceso jurídico que está a punto de iniciarse", ha remachado. Albert ha destacado la celeridad con que ha respondido la consellera. "Esta capacidad de resolución demuestra una vez más que usted está capacitada para asumir su responsabilidad", ha remachado.